JULIO AGOSTO 2008   COMUNICADOS

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ADVERTENCIA – PARA IMPRIMIR Y REPARTIR ENTRE LOS CAMARADAS EN ACTIVIDAD Y EN RETIRO (En bancos el día de cobro)

 

 

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE POLICIAS

de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Trámite de Inscripción Ministerio de Trabajo de la Nación Expte. Nº 115.860/01

http://www.apropoba.com.ar                 E-mail: central@apropoba.com.ar

 

CAMARADAS DE LA POLICÍA DE LA PCIA. DE BS. AS.

(En actividad y en retiro)

 

LA MEJOR CONQUISTA SOCIAL QUE HEMOS LOGRADO LOS POLICIAS ES NUESTRA CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES.

 

¿SABIAS QUE EL FUTURO DE TODOS LOS POLICIAS PODRIA ESTAR AMENAZADO?

 

¿SABIAS QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL HA ENVIADO A LA LEGISLATURA UN PROYECTO DE LEY PARA UNIFICAR EL SISTEMA PREVISIONAL Y PODER UTILIZAR LOS FONDOS DE LAS CAJAS PROVINCIALES PARA OTROS FINES DEJANDO A CAMBIO BONOS DEL ESTADO?

 

¿QUE PELIGRA LA MOVILIDAD AUTOMÁTICA SI ES QUE EL ANSES METE MANO EN NUESTRO SISTEMA, Y TAMBIÉN PELIGRA NUESTRO DINERO DEL FONDO DE AYUDA FINANCIERA QUE MANEJA LA CAJA Y NOS PERMITE PRESTAMOS Y DEMÁS BENEFICIOS?

INFORMATE Y MANTENTE EN ALERTA PARA MOVILIZARNOS EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS PREVISIONALES.

 

APROPOBA

(Asociación Profesional de Policías de la Pcia. Bs. As.)

 

INFORMACION:

Apropoba: www.apropoba.com.ar

Adesip: www.adesip.org.ar

 

 

 

Bienvenida una vieja costumbre para homenajear a nuestros mártires

El Ministerio de Seguridad autorizó denominar con el nombre del Sargento JAVIER GERARDO MARTINEZ al Destacamento de Infantería Ciudadela, aunque debería obrarse en igual sentido para con los demás.

  

Caído en cumplimiento del deber - Domingo, 25 de Agosto de 2002

Agente MARTINEZ Javier Gerardo - Dto. Infantería Ciudadela Cría. Quilmes 5ta.

 

DEL BOLETIN INFORMATIVO Nº 57 DEL 29-08-08

RESOLUCIÓN N° 2115

LA PLATA, 22 de agosto de 2008.

VISTO el expediente N° 21.100-246.427/08 por el cual se impulsa el cambio de denominación del Destacamento de Infantería Ciudadela, Partido de La Matanza, dependiente de la Dirección del Servicio Centralizado, y CONSIDERANDO:

Que el Director del Servicio Centralizado de Infantería, propone el cambio de denominación del Destacamento de Infantería Ciudadela, por el de DESTACAMENTO INFANTERÍA CIUDADELA “SARGENTO Gerardo Javier MARTÍNEZ”, con fundamento en que el nombrado efectivo desempeñó sus funciones en dicha unidad policial, hasta su deceso, ocurrido a raíz de las heridas recibidas durante un enfrentamiento armado con delincuentes, en defensa de los bienes e intereses de la comunidad el día 25 de Agosto del año 2002;

Que mediante Resolución n° 434 de fecha 8 de octubre de 2002, se dispuso su ascenso “post-mortem” al grado de Sargento del Agrupamiento Comando, por Acto Extraordinario del Servicio, toda vez que el Agente Gerardo Javier MARTÍNEZ, falleció en cumplimiento del deber y en ejercicio de la función policial;

Que dicho acto, en la que el héroe policial, con vocación y compromiso personal, llegó a entregar el valor más preciado de un ser humano, SU VIDA, en cumplimiento del deber, debe ser reconocido en pos de erigirse como ejemplo, siendo oportuna su recordación permanente a través de la decisión institucional que se propicia;

Que familiares directos han prestado su conformidad a que la Dependencia Policial lleve el nombre del extinto funcionario;

Que el Departamento Organización y Doctrina no halla objeciones que formular a la propuesta impulsada;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 19 de la Ley 13.757 y por el Artículo 4 de la Ley 13.482; Por ello, EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, en el ámbito de la Subsecretaría de Seguridad, Superintendencia de Coordinación Operativa, Dirección Servicio Centralizado de Infantería, el cambio de denominación del Destacamento Infantería Ciudadela por DESTACAMENTO INFANTERÍA CIUDADELA “SARGENTO Gerardo Javier MARTÍNEZ”.

ARTÍCULO 2°.- Disponer que por intermedio de la Superintendencia General de Policía, se proceda a la organización del acto de imposición de nombre, siguiendo las normas de protocolo y ceremonial que corresponda.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Informativo y dar al SINBA. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN N° 2115.

Dr. CARLOS ERNESTO STORNELLI Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

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UN TIRO PARA EL LADO DE LA JUSTICIA -

FALLO DEL JUZGADO EN PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENSIOSO ADMINISTATIVO NRO. 1 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA A CARGO DEL DR. JORGE SIMON ISAACH, ANULANDO LA PRESCINDIBILIDAD DE UN CAMARADA PATROCINADO POR EL DR. ANDRES BARBIERI.

 

RECTIFICACION: APROPOBA cumple en aclarar que con respecto a la sentencia favorable en la cuestión de la prescindibilidad en los autos Barbero Lionel c/Ministro s/Pretensión anulatoria de trámite en el Juzgado Contencioso Administrativo, el patrocinando de los reclamantes lo fue la Dra. GRABIELA DEBENEDETTI, y no el profesional citado en la nota. Asumimos el error y solicitamos las disculpas del caso.

 

Mar del Plata, 15 de agosto de 2008.-

AUTOS: "BARBERO LIONEL GUSTAVO C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION ANULATORIA" (expediente nº E-1009) de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata.

VISTO: que atento el estado de autos la causa se encuentra en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

1) Que el actor ha promovido la presente demanda contencioso administrativa solicitando la anulación de la resolución 802/04 del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la cual se lo declaró prescindible en los términos del art. 7º de la ley 13.188, así como la declaración de inconstitucionalidad de dicha ley.

Al reseñar los antecedentes de la causa señaló que hasta la declaración de prescindibilidad se desempeñó como personal policial por el término de dieciocho años, detentando a esa fecha el rango de Oficial Principal.

Manifestó que al momento de dictarse la resolución cuestionada, se encontraba en disponibilidad preventiva en función de las actuaciones penales seguidas en la causa nº 16183 de trámite por ante el Juzgado de Garantías nº 1 de este Departamento Judicial, y del sumario administrativo nº 5072/1102 que fuera instruído por los mismos hechos.

Indicó que fue notificado de la declaración de prescindibilidad con fecha 19 de mayo de 2004 mediante la mencionada resolución del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y que habiendo solicitado la suspensión de la ejecución de dicho acto en sede administrativa no recibió respuesta alguna, motivo por el que requirió por ante el suscripto una medida cautelar anticipada.

Expresó que la resolución 802/04 mediante la cual se lo declarara prescindible en conjunción con las facultades otorgadas por la ley 13.188 y mencionando solamente las necesidades de la policía bonaerense, carece de motivación al no expresar en forma concluyente los antecedentes causales que configuran -en relación al actor- la situación legal prevista.

Sostuvo que entendiendo la motivación como la exteriorización en el acto de su causa, su ausencia conforma la violación de una forma esencial correspondiendo su nulidad absoluta, ya que la emergencia de la policía provincial no es causal suficiente para prescindir de la fuerza laboral del actor, en las condiciones en que se establece y suspendiendo incluso el pago de una indemnización.

Añadió que el acto carece del necesario nexo causal entre la disposición genérica que establece la norma con el acto de alcance individual, y que adolece asimismo de razonabilidad señalando que la mera atribución de una facultad legal no dispensa al órgano de causar en forma adecuada, razonada y motivada el acto de alcance particular, expresando las circunstancias por las que su situación se correlaciona a la situación eventual de la norma.

Rememoró que la ley 13.188 que declarara el estado de emergencia de las policías de la provincia de Buenos Aires por el término de seis meses, autorizó a reasignar funciones y destinos a todo el personal, como asimismo a ponerlos en disponibilidad simple o preventiva o declarar su prescindibilidad, jubilar o pasar a retiro según el caso.

Alegó que en dicha norma se previó para el personal declarado prescindible que no se hallare sometido a sumarios administrativos o procesos penales de los que pudiera resultar sanciones de cesantía o exoneración, una indemnización o un retiro obligatorio (art. 6º).

Aseveró que en el art. 7º se establece que el personal declarado prescindible, sometido a sumarios administrativos -siempre que no le correspondiere sanción expulsiva, podía ejercer la opción del art. 6º.

Concluyó que entiende que su situación se halla encuadrada en el art. 7º, de acuerdo al cual una vez concluídas las actuaciones administrativas y siempre que no le corresponda la sanción de exoneración, podría optar por una indemnización o por un retiro obligatorio, agregando que la ley no especifica cual es su situación hasta tanto ello suceda, dejándolo absolutamente desamparado.

Afirmó que por ello la norma resulta violatoria de la garantía de la estabilidad del empleo público, del derecho de defensa y primacía de la realidad, indemnidad, y progresividad que consagran los arts 103 incs. 12, 15 y 39 inc. 3º de la Constitución Provincial, así como del derecho de igualdad, por lo que solicitó se declare su inconstitucionalidad.

2) Ordenado el traslado de la demanda a fs. 20 vta. se presentó el apoderado de la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires, contestando la la misma (fs. 27/36).

Señaló que la prescindibilidad dispuesta por la Administración se encuentra sustentada en las facultades que el legislador le confirió al dictar la ley 13.188.

Indicó que dicha norma contempló la posibilidad de declarar prescindible al personal que no se hallaba en condiciones de acceder a retiro o jubilación, para el que se preveía el cobro de una indemnización conforme a lo establecido por el art. 6, siempre que el agente no estuviese sujeto a sumario administrativo o procesos penales, resultando esta la situación del actor.

Advirtió que entre los objetivo propuestos por la ley 13.188 se destaca la necesidad de optimizar, depurar y racionalizar los recursos humanos de la Institución (conf. art. 2).

Agregó que la Resolución 802/04 ha tenido como principal objetivo resguardar intereses generales determinando, no siendo suceptible de ser calificada de arbitraria e irrazonable.

Resaltó que al tiempo de ser declarado prescindible el actor se encontraba sujeto a dos investigaciones sumariales administrativas, las que se encontraban pendientes de resolución, destacando que los mismos pueden motivar la aplicación de la baja tanto por cesantía como por exoneración, por lo que la indemnización prevista en la ley 13.188 ha quedado supeditada al resultado del sumario en trámite.

Alegó que la exigencia de suficiente motivación ha quedado cumplida en tanto el acto cuestionado ha receptado la causa configurada, sustentando el proceder de la autoridad administrativa en las normas legales que expresamente disponen que "la emergencia es causal suficiente para poner en disponibilidad, jubilar o pasar a retiro, según el caso, o determinar la prescindibilidad del personal de la Policía Bonaerense" (conf. art. 4 ley 13.188).

Con respecto al planteo de inconstitucionalidad de la ley 13.188 destacó que la autoridad administrativa ha actuado de conformidad con las facultades que le acuerda dicha norma dada la situación de emergencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires, y que en ese marco normativo no ha vulnerado garantía constitucional alguna.

Remarcó que frente al innegable estado de emergencia que atravesaba la Policía Provincial, se legitima la legislación excepcional de carácter temporario dispuesta por la ley 13.188, justificada por el razonable ejercicio de la atribución de reglamentar las garantías y derechos constitucionales.

3) En oportunidad de celebrarse la audiencia establecida por el art. 41 del C.C.A., las partes manifestaron tener interés únicamente en las constancias de la causa, el expediente administrativo, la documental agregada, y el expediente caratulado: "Barbero, Lionel Gustavo c/Ministerio de Seguridad s/Medida Cautelar autónoma o anticipada" (nº 924), de trámite por ante este mismo juzgado.

En dicha audiencia se dieron por reconocidos los hechos alegados por la actora, y que quedaran referenciados en el acta efectuada al efecto (fs. 37).

En consecuencia se corrió traslado a las partes para que expongan sus alegaciones sobre los hechos y el derecho controvertidos en la causa (art. 41 apartado 2º del C.P.C.A.).

4) Agregado el alegato de la parte actora (fs. 39/41), y no habiendo hecho uso de tal derecho la demandada, se llamó autos para sentencia, el que se encuentra firme.

5) Conforme quedó reseñado, en el presente caso se trata de determinar -en primer lugar- si la Resolución 802/04 mediante la cual el Ministro de Seguridad de la Provincia declaró prescindible al Sr. Lionel Gustavo Barbero es legítima, o no.

Para ello comenzaré señalando que la ley 13.188 había declarado el estado de emergencia de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (artículo 1º).

Por su parte, el acto administrativo cuestionado -Resolución 802/04- declaró prescindibles a 303 miembros de la policía provincial -los que figuran en su anexo I- con sustento en que "... de conformidad a lo establecido en el artículo 4º segundo párrafo de la ley 13.188, la emergencia es causal suficiente para declarar la prescindibilidad, jubilar o pasar a retiro al personal de las Policías, según el caso" (así surge de los considerandos).

Resulta evidente que se trata de un nuevo proceso en el que se persigue la defensa de derechos constitucionales que han sido alcanzados por decisiones adoptadas en el marco de una "emergencia".

En el caso, la "emergencia" que declaró el legislador comprende -conforme surge del artículo 2º de la ley 13.188- los aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. En ese mismo artículo se establece que la emergencia perseguirá los siguientes objetivos: a) Transformar la estructura de las Policías, creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones, asignando o reasignando las mismas en los términos que se determinen, a fin de dotarla de la eficiencia debida para atender a sus misiones fundamentales; b) Optimizar los recursos humanos y materiales, y los servicios que presta.

De una atenta lectura de la "declaración de emergencia" que dispone el artículo reseñado se deduce que su razón de ser radica en la necesidad de organizar administrativamente a la fuerza.

Considero que para lograr los objetivos propuestos no era necesaria tal declaración de emergencia. Es decir, la eficiencia que se dice perseguir y la optimización de los recursos humanos y materiales, constituyen un objetivo normal de la administración.

Y para ello no es necesario utilizar herramientas "excepcionales", puesto que los medios ordinarios con que cuenta la administración resultan suficientes para cumplir con los parámetros de eficiencia y optimización aludidos.

Destaco que históricamente la invocación de la "emergencia" se utiliza para restringir derechos individuales cuando esto resulta necesario para superar situaciones de caos. Así, en los ámbitos nacional y provincial de nuestro país se ha recurrido indistintamente a la emergencia económica, a la emergencia administrativa, o a la emergencia "a secas" como en el caso que me ocupa.

No resulta claro en este caso frente a que tipo de emergencia nos encontramos, lo que si advierto es que si lo que se pretendía era optimizar los recursos humanos y transformar la estructura policial, no resultaba necesario recurrir a una declaración de tal naturaleza, y mucho menos restringir los derechos de los miembros de la fuerza en aras de esa supuesta emergencia.

Lo que estoy diciendo es lo siguiente, si se quiere optimizar los recursos humanos se les debe brindar preparación, cursos, realizar evaluaciones; por su parte, si se pretende corregir o desplazar a los agentes que incumplen sus obligaciones, la vía es el inexorable sumario disciplinario. Para llevar adelante una reestructuración administrativa tampoco es necesaria una declaración de emergencia.

Insisto con esta idea, no advierto la necesidad de recurrir a una declaración de emergencia para lograr parámetros de eficiencia y optimización, estos tienen que constituir una búsqueda cotidiana por parte de las autoridades administrativas.

Con lo hasta aquí expuesto no pretendo abordar el análisis de constitucionalidad de la declaración de emergencia que dispuso la Legislatura provincial, sino establecer algunas pautas para el juzgamiento de la presente causa. Oportunamente daré tratamiento al planteo de inconstitucionalidad que, de la ley 13.188, formulara la actora

6) Surge claramente de estos autos que la Resolución 802/04 declaró prescindible al aquí actor, junto con 302 miembros más de la policía, con único sustento en la emergencia declarada por la ley 13.188. Al menos es lo que surge de los considerandos del mencionado acto.

Sostiene la accionada que la mera invocación de la ley de emergencia sirve de fundamento suficiente para tener por motivado el acto que dispone la prescindibilidad de un agente. Corresponde determinar entonces si esto es realmente así, o si –por el contrario- este tipo de referencia configura un supuesto de carencia u orfandad de fundamento, invalidante del acto respectivo.

Tal como lo sostuviera el Dr. Roncoroni (su voto en la causa B.59.399 "Navarro", sent. del 20-VI-07, de trámite ante la SCBA) "La diferencia no es menor pues el límite diferencia la discrecionalidad de la arbitrariedad".

La ley 13.188, tal lo anticipado, persigue como objetivos la transformación de la estructura de las Policías y la optimización de los recursos humanos y materiales (así surge de su artículo 2º). A su vez, establece diversos mecanismos para lograr dichos fines: reasignación de funciones y destinos (artículo 3º), disponibilidad, prescindibilidad, jubilación o pase a retiro (artículo 4º).

En función de esto, cabe esperar que la administración -con el objeto de lograr los fines previstos en la ley- determine por qué utiliza un mecanismo en detrimento de otro y por qué elige prescindir de unas personas y no de otras.

No solo es necesario que cumpla con recaudos -en el caso ni siquiera ha invocado que efectuara algún tipo de procedimiento previo-, sino que además debe expresar cuales son los criterios que ha utilizado para adoptar una decisión con consecuencias tan graves como las que acarrea la que se impugna en autos.

Si se trata de optimizar los recursos sería interesante que el funcionario encargado de adoptar la medida expresara cuáles han sido los motivos -más allá de la genérica invocación de la ley de emergencia- por los cuales ha incluído a las 303 personas que figuran en el anexo I de la Resolución 802/04 a diferencia del resto de los miembros de la fuerza.

 Es decir, resulta útil -desde la perspectiva republicana- tener en claro cuáles han sido los criterios de selección para arribar a una decisión con tan graves efectos jurídicos. Qué es lo que equipara a estas 303 personas? qué es lo que las diferencia del resto de los agentes policiales, como para haber sido segregadas de la fuerza? Cuáles han sido los procedimientos para esa selección?

La respuesta a estos interrogantes queda trunca, justamente, por la falta de motivación adecuada. Esto es lo que genera la necesidad de la expresión de los antecedentes de hecho que llevaron a la adopción de tal medida. De lo contrario la decisión adquiere serios rasgos de arbitrariedad.

Ello por cuanto, la exigencia de motivación no busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos, permitiendo que la Administración sometida al derecho dé cuenta de sus decisiones y que estas puedan ser examinadas en su juridicidad por la justicia en caso de ser impugnadas (conf. SCBA, doct. causas B. 56.364, Guardiola”, sent. del 10-V-00, y B. 55.953, “Lozano”, sent. del 7-XII-01, entre otras).

En el presente caso la cuestión no es menor ya que se trata de un acto dictado en el ejercicio de una facultad discrecional -que por añadidura afecta intereses particulares- motivo por el cual si no se exigiera un sustento adecuado no habría forma de controlarlo, y ello lo equipararía con la arbitrariedad.

Digo que se trata de una facultad discrecional porque no viene determinado en la norma a qué sujetos debe aplicarse la misma, sino que es el propio administrador el que debe efectuar esa elección, aunque -obvio resulta decirlo- no en forma arbitraria.

En materia de facultades discrecionales la exigencia de motivación de los actos de la autoridad se impone con mayor razón para evitar que se desvirtúen los principios republicanos que imponen a la Administración dar cuenta de sus actos, los derechos de impugnación de los particulares afectados y la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de tales actos, máxime cuando mediante éstos se extinguen situaciones preexistentes. (conf. doct. SCBA, B. 48137, “Verdún”, sent. del 20-3-84 y B. 50.664, “Gonzalez Menendez”, sent. del 27-09-88). Considero que en supuestos como el que aquí se presenta, la amplitud de la norma que se invoca como fundamento del acto administrativo que resuelve la prescindencia -la cual comprende "los aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de las Policías de la Provincia de Buenos Aires" (sic)- exige un correlativo deber de precisar la situación particular del afectado por el mismo.

Ello porque la alusión a cuestiones de tamaña imprecisión impide al sujeto alcanzado por el acto verificar las razones que indujeron a la administración a emitir el acto, analizar el porqué se decide declararle prescindible a diferencia de otros tantos compañeros de trabajo en idéntica situación, el porqué no fue reasignado y se optó por la mas drástica de las soluciones, etc.

La explicación de las razones por las cuales se adopta determinada decisión es un elemento mínimo a exigirse de una conducta racional en un estado de derecho, que no se satisface con arbitrarias expresiones tales como “... de conformidad a lo establecido en el artículo 4º, segundo párrafo de la ley 13.188, la emergencia es causal suficiente para declarar la prescindibilidad...", como ocurre con el acto que aquí se impugna (conf. Bielsa, Rafael “Derecho Administrativo", T. II, Edit. La Ley, p.35 citado por Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Edit. Abeledo Perrot, T. 3, cap. X, p.18).

Es por ello que considero que la mera invocación de la norma en que pretende apoyarse la decisión no constituye fundamentación suficiente de la Resolución nº 802/04,

La falta de motivación afecta garantías de raigambre constitucional tales como la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la defensa, la indemnidad, la propiedad (todos ellos amparados por los arts. 11, 15, 31 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial y sus correlativos en la Constitución Nacional).

Esa falta de motivación, además de perjudicar los derechos precedentemente enunciados, proyecta sus efectos sobre el derecho a la estabilidad que, como empleado público, goza el actor (arts. 14 bis de la Constitución Nacional y 103 inciso 12º de la Constitución Provincial).

Sobre el particular resulta insoslayable una breve referencia al célebre caso “Madorrán”, en el cual el más Alto Tribunal de la Nación resolvió que correspondía condenar a la Administración Nacional de Aduanas a reincorporar en su cargo a un agente que fuera segregado de su empleo sin invocación de causa justificada y razonable, ello en virtud de la estabilidad propia reconocida al empleado público por el art.14 bis de la Constitución Nacional (CSJN, causa “Madorrán, María Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas” , sent. del 03-V-07).

8) Siguiendo los lineamientos demarcados en el caso señalado, entiendo que la invocación de una causa justificada y razonable para disponer una medida del tenor de la aquí cuestionada constituye una exigencia ineludible, ya que de otra forma se estaría admitiendo la vigencia de mecanismos otrora utilizados en forma indiscriminada para suspender la estabilidad del empleo público -entendida como derecho de permanencia en el cargo y goce de las prerrogativas estatutarias propias de la carrera administrativa- con fundamento en leyes de emergencia de distinta índole.

Considero que esta práctica es impropia y no debe admitirse su propagación, por cuanto propicia la posibilidad de enmascarar una cesantía o despido, al amparo de una norma cuya amplitud permitiría a la administración eximirse de su obligación de dar cuenta de sus actos.

La declaración de prescindibilidad de un agente no puede encubrir una medida disciplinaria de cesantía, ya que de lo contrario se convalidarían las decisiones administrativas que proyectan sombras sobre las reputaciones de los funcionarios, vulnerándose por esa vía garantías constitucionales (conf. doct. CSJN, Fallos: 179:49, 283:301).

De admitirse la extensión de este mecanismo, se llegaría al extremo de transformar -por vía de leyes o decretos- a la estabilidad del empleo público en una excepción a la garantía constitucional.

La administración tiene a su alcance los medios necesarios para disponer las medidas disciplinarias que estime corresponder con respecto a sus agentes, ahora bien, si lo que se pretende es facultarla para que declare cesantes o prescindibles a sus agentes sin explicación alguna (ya dije que la mera invocación de la ley no resulta suficiente), el camino a seguir no es el que se propugna con las prácticas descriptas, sino el de la reforma constitucional.

La conclusión es la siguiente, si en algún momento existen motivos reales para separar a algún agente de la administración es sumamente sano (y deseable) que se lo haga, pero expresando las causas que se tienen para actuar en tal sentido. Para ello no es necesaria ninguna emergencia, salvo que lo que se quiera implementar sea una excusa para prescindir de dar los fundamentos que llevan a la separación de "determinados agentes".

10) Todo lo dicho en torno a la falta de motivación de la decisión objeto de impugnación, adquiere mayor trascendencia desde el momento en que en un tiempo cercano al apartamiento de la fuerza policial de las personas alcanzadas por la Resolución 802/04 se ha implementado un mecanismo de incorporación de agentes a la misma fuerza.

En efecto, a escasos meses de haber adoptado la decisión de prescindir del aquí actor -junto con las restantes personas alcanzadas por la resolución mencionada- el propio Ministro de Seguridad dicta -en el mes de febrero de 2005- la Resolución 064 mediante la cual se crea el "Programa de Ingreso Permanente" para las Policías de la Provincia de Buenos Aires, destinado a propiciar la incorporación inmediata de los postulantes (conforme surge de sus propios considerandos).

Meses después el mismo ministro crea el "Programa de Incorporación de Aspirantes a las Policías de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires", mediante Resolución 1488/05, alegando entre otros fundamentos que "...una de las metas del Ministerio de Seguridad es el reclutamiento de personal policial para brindar mayor seguridad a la comunidad".

Es decir, por un lado se está "echando" personal y por el otro lado se lo está reclutando. Y todo ello sin mayores explicaciones de los motivos por los cuales se establece ese orden de prioridades.

Es una técnica recurrente, que no ha dado buenos resultados. En la "purga" dispuesta por la ley 11.184 en el año 1992, al mismo tiempo que se declaraba prescindibles a gran cantidad de policías, se asignaban 6.000 nuevos cargos para la fuerza (conforme surge de los considerandos del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial 1648/93), lo que llevó a suspender el mecanismo del retiro voluntario previsto para paliar aquella "emergencia" (así lo dispuso el mencionado decreto).

Esta reseña sirve para reforzar la necesidad de la motivación como elemento imprescindible para la validez del acto, puesto que la simultánea incorporación de nuevos agentes (en el caso, como consecuencia del "Programa de Ingreso Permanente" creado por Resolución 064/05) deriva en una inevitable consideración negativa respecto de los desplazados.

Es que, si se trata de achicar el plantel de la fuerza, y no se explican los motivos de separación, el mensaje que se impone es el siguiente: sacar a los malos para reemplazarlos por otros. Y esto no puede ser admitido.

11) Atento los fundamentos hasta aquí expuesto resulta innecesario darle tratamiento a la inconstitucionalidad que de la ley 13.188 planteara el actor.

La manifiesta ilegitimidad de la Resolución 802/04 impone una declaración en tal sentido, por si sola. Insisto, este motivo resulta suficiente para hacer lugar a la demanda.

Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia, y por su gravedad institucional debe ser considerada la "ultima ratio" del orden jurídico.

En consecuencia, teniendo en cuenta que -tal como quedó reseñado precedentemente- existen suficientes argumentos para acoger la demanda, al margen de la inconstitucionalidad que se le imputa a la ley 13.188, me eximo de formular un pronunciamiento al respecto.

12) La pérdida de los efectos del acto impugnado cuya ilegitimidad aquí declaro, implica el reconocimiento a la estabilidad del agente en su cargo y su reincorporación al empleo (conf. arg. artículo 50 del CCA).

Por lo hasta aquí expuesto FALLO:

1) Haciendo lugar a la demanda, dejando sin efecto la Resolución 802/04 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto dispuso la prescindibilidad del agente LIONEL GUSTAVO BARBERO (legajo 17.288), por resultar la misma ilegítima (art. 50 inc. 2 y ccdtes. del C.C.A.).

2) Condenando al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a reincorporar al actor en el cargo y función que ocupaba a la fecha del dictado de la resolución ilegítima, dentro de los sesenta (60) días.

3) Imponiendo las costas en el orden causado, por no presentarse ninguno de los supuestos de excepción previstos en el inciso 2º del artículo 51 del C.C.A. (inc. 1º de la norma citada).

4) Difiriendo la regulación para la oportunidad establecida en el art. 51 de la Ley 8904.

5) REGISTRESE. NOTIFIQUESE.

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Tímido intento del Ministerio de Seguridad por mantener los valores históricos de la policía, con una guardia en el ministerio de dos efectivos uniformados “de época” (¿de cual época?), cuando sistemáticamente se ha negado y se sigue negando el rico historial de la institución nacida en 1821 y no en 1880 como se señala.

 

Boletín Informativo Nro. 56 del Ministerio de Seguridad

 

LA PLATA, 21 de agosto de 2008.

VISTO la trascendencia de mantener presente los valores históricos que, a lo largo del tiempo, han inspirado a las Policías de la Provincia de Buenos Aires; y CONSIDERANDO:

Que un modo de perpetuar los mismos es a través de la exhibición de los diferentes uniformes de época empleados por los distintos cuerpos, desde la creación de la Institución Policial el 13 de diciembre de 1880;

Que las ricas tradiciones de que se encuentra imbuida la Fuerza Policial se ponen de manifiesto entre otros aspectos, en las prendas que fueran utilizadas por sus efectivos durante la prestación del servicio, desde sus orígenes hasta la actualidad;

Que la exposición pública de los citados uniformes, permite  poner de resalto la pertenencia a la Institución y sus valores forjados en el tiempo, recuperándolos del pasado, afirmándolos en el presente y proyectándolos al futuro;

Que ello así, resulta oportuno y conveniente instaurar una guardia de honor en el Hall Central del edificio del Ministerio de Seguridad compuesta por efectivos de los cuerpos de Infantería, Caballería y Bomberos, uniformados con sus atavíos de época;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6° de la Ley N° 13.482 y los artículos 9° y 19 de la Ley N° 13.757; Por ello, EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Disponer a partir del dictado de la presente, la conformación de una guardia de honor permanente en el Hall Central del asiento de este Ministerio a ser prestada por personal de Infantería, Caballería y Bomberos.

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de lo previsto en el artículo 1° las citadas dependencias coordinarán a través de la Superintendencia de Coordinación Operativa su prestación conforme al orden que se establezca y que posibilite cubrir la guardia en cuestión con dos (2) efectivos policiales por turno en el horario de 08:00 a 20:00 horas.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Informativo. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN N° 2114.

Dr. CARLOS ERNESTO STORNELLI Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

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DEBE HACERSE TODO LO POSIBLE Y RAPIDAMENTE PARA PROCURAR EVITAR EL GRAVE PELIGRO QUE AMENAZA A NUESTRO SISTEMA PREVISIONAL.

APROPOBA YA COMENZO, DENTRO DE SUS POSIBILIDADES.

        

Ante el avance del ejecutivo provincial sobre la pretensión de meter mano en el sistema previsional bonaerense, dentro del cual se encuentra NUESTRA CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES, poniendo en consecuencia en peligro el futuro no solamente de la actual clase pasiva, sino también el de TODOS LOS TRABAJADORES POLICIALES EN ACTIVIDAD que aún no han asumido totalmente el peligro en que se encuentran, APROPOBA, ha dado inicio en forma inmediata a una serie de medidas que se encuentran al alcance de los escasos recursos con que nuestra entidad puede manejarse, encarando por ejemplo las siguientes actividades.

         1) Ante declaraciones mentirosas del legislador provincial vitalicio JUAN GARIVOTO, al diario La Capital de Mar del Plata, confundiendo a la opinión pública sobre el estado financiero de nuestra caja, salimos a responder y aclarar la real situación mediante nota entregada en la redacción del diario, solicitando su publicación.

         2) Con el fin de esclarecer lo mas posible a la opinión pública acerca del tema se han cursado a cientos de medios provinciales y nacionales (radio, televisión y diarios) un escueto comunicado dando cuenta de la real situación.

3) Se continúa publicando en la página web de la entidad la mayor cantidad de información al respecto con el fin de alertar y hacer tomar conciencia del peligro a los camaradas en actividad, resultando alentador el interés despertado que se refleja en el aumento de visitas a la misma y la cuantiosa correspondencia recibida.

4) Se ha cursado a la totalidad de los legisladores bonaerenses una nota haciendo conocer la preocupación de la familia policial y la verdad sobre el estado financiero de nuestra caja.

5) Se ha cursado a la totalidad de las direcciones de correos electrónicos de nuestra libreta de direcciones, especialmente de camaradas en actividad o en retiro, similar comunicación con el fin de mantenerlos informados y alertas.

6) En la fecha el Secretario General MIGUEL ANGEL REYNOSO, acompañado de MARIO DESHUSSES y ADOLFO CHAVES, participaron de una reunión con el Presidente del Bloque Radical de la Cámara de Senadores provincial, Senador JESUS PORRUA, comentando la preocupación existen, coincidiendo el legislador  en la necesidad de procurar detener el avance del proyecto que a todas luces atenta contra garantías constitucionales de la provincia y pone el peligro todo el sistema previsional provincial. De la reunión participaron también concejales radicales del partido de General Pueyrredón, quienes se encuentran elaborando un proyecto de apoyo al actual sistema, que será debatido en el recinto del Concejo Deliberante local el próximo jueves a partir de las 1030 hs. Resultando nuestra entidad invitada a presenciar la reunión.

7) También en la fecha nuestro secretario general fue requerido por la Asesoría Legislativa del Bloque de legisladores del PRO, interesados en conocer la posición del personal policial e información sobre el estado financiero de nuestra caja, todo lo cual ya se les hizo llegar.

8) Por otra parte se está coordinando la participación de representantes de nuestra entidad en programas radiales con el fin de esclarecer a la ciudadanía sobre la verdadera situación de nuestra caja.

APROPOBA, 25 de agosto de 2008.

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COMUNICADO

 

Con motivo de la nota periodística aparecida en la edición de la fecha del Diario La Capital de Mar del Plata, con declaraciones del Diputado Provincial JUAN GARIVOTO, entre otras cuestiones acerca de la pretensión del ejecutivo provincial de reformar el sistema previsional, dentro del cual se encuentra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, situación que aflige a toda la familia policial mas cuando las justificaciones esgrimidas distan mucho de acercarse a la verdad de la cuestión, la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (APROPOBA) considera necesario realizar las siguientes aclaraciones públicas:

1. No es cierto que la Caja de Policía tenga un “enorme déficit”, y menos aún el IPS, cuyo gran superávit es por todos conocidos. Es más, si alguna vez el tesoro provincial debió acudir en ayuda de la caja policial, fue solamente como consecuencia de las imprudentes medidas tomadas por el gobierno provincial apoyado por la legislatura de la cual formaba parte el mismo diputado, disponiendo retiros y purgas masivas, éstas últimas todas finalizadas en instancia judicial o extra judicial con beneficio de retiro o jubilación, que junto al reconocimiento en paridad de condiciones de muchos años de aportes provenientes de otros sistemas menos rigurosos, y el cierre de institutos de formación que restringió los ingresos de personal nuevo, provocó el lógico desequilibrio, que fue paulatinamente normalizándose a partir de la aplicación de la ley de retiros actualmente en vigencia, una excelente administración del sistema y la incorporación de miles de nuevos efectivos a la fuerza, situación que se desprende el informe producido por el Presidente de la Caja de Retiros Policial Comisario (prof. Ra.) Dr. CARLOS ENRIQUE LANGONE, con fecha 7 de mayo del corriente año a solicitud del Superintendente General de Policía Lic. Daniel Alejandro Salcedo (Jefe de policía), quedando en claro en dicho informe que para el ejercicio correspondiente al año en curso no se necesitará aporte de ningún tipo cuando menciona que “para el corriente año no existirá aporte suplementario del Estado Provincial, lo que viene demostrando la eficacia de la actual legislación previsional”, todo ello aún sin tener en cuenta las miles de nuevas incorporaciones que se producirán durante el presente y próximo año que aportarán mas recursos todavía.

2. Que resultando público la intención del gobierno, según declaraciones del propio ministro de economía provincial, de la utilización de los fondos previsionales hacia otros destinos, resulta de suma preocupación para la familia policial toda el peligro que se cierne sobre los millonarios recursos del llamado Fondo de Ayuda Financiera, constituido exclusivamente por el aporte de la totalidad de los empleados policiales (activos, retirados, jubilados y pensionados), actualmente administrado por la misma caja de retiros para el otorgamiento de préstamos y ayuda a bajo interés y que se sospecha podría resultar el objetivo final de la pretendida reforma que en el caso de la caja policial de ninguna forma se justifica, reiterando que en dichos fondos no hay aporte alguno del estado.

3. No es cierto, por lo menos en el tema de la caja policial, que haya ningún tipo de acuerdo de las partes involucradas como menciona el legislador ya que el personal policial no ha sido invitado a través de ninguna de sus instituciones representativas a participar de ningún debate sobre el tema, que se sigue con atención dado anteriores intensiones por parte del estado de incursionar en un  sistema que ha dado acabadas muestra de efectividad y ha asegurado hasta ahora a nuestra clase pasiva una mediana tranquilidad luego de toda una vida de riesgos y sacrificios, bajo un régimen que no es de forma alguna de privilegio, sino, como se citó en su aprobación, de tipo especial, dadas las especiales condiciones (sobre todo en nuestro país), del trabajo policial.

4. APROPOBA pone a disposición de quién pueda resultar interesado fotocopia del informe que se menciona en el punto 1.

5. Asimismo es de interés señalar que el policial es uno de los pocos regímenes que aún después de retirado, jubilado e incluso las pensionadas continúan aportando al sistema durante toda su vida y hasta la extinción del beneficio el 18% de sus haberes.

APROPOBA, 25 de agosto de 2008.

 

MIGUEL ANGEL REYNOSO   

Comisario Inspector (ra)

Secretario General

 

VER: Informe Caja 2008

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Nota de APROPOBA al diario La Capital de Mar del Plata con motivo de las declaraciones del diputado vitalicio JUAN GARIVOTO

 

Mar del Plata, 25 de agosto de 2008.

Al Sr. Director del Diario La Capital

D. FLORENCIO ALDREY IGLESIAS

CIUDAD

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigir la presente al Sr. Director en relación a la nota periodística aparecida en la edición de la fecha del diario de su dirección, conteniendo declaraciones del Diputado Provincial JUAN GARIVOTO, entre otras cuestiones acerca de la pretensión del ejecutivo provincial de reformar el sistema previsional, dentro del cual se encuentra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, situación que aflige a toda la familia policial mas cuando las justificaciones esgrimidas distan mucho de acercarse a la verdad de la cuestión, como en el caso que motiva la presente, por las consideraciones que me permito mencionar a continuación:

1. No es cierto que la Caja de Policía tenga un “enorme déficit”, y menos aún el IPS, cuyo gran superávit es por todos conocidos. Es más, si alguna vez el tesoro provincial debió acudir en ayuda de la caja policial, fue solamente como consecuencia de las imprudentes medidas tomadas por el gobierno provincial al disponer retiros y purgas masivas, éstas últimas todas finalizadas en instancia judicial o extra judicial con beneficio de retiro o jubilación, que junto al reconocimiento en paridad de condiciones de muchos años de aportes provenientes de otros sistemas menos rigurosos, y el cierre de institutos de formación que restringió los ingresos de personal nuevo, provocó el lógico desequilibrio, que fue paulatinamente normalizándose a partir de la aplicación de la ley de retiros actualmente en vigencia, una excelente administración del sistema y la incorporación de miles de nuevos efectivos a la fuerza, situación que se desprende el informe producido por el Presidente de la Caja de Retiros Policial Comisario Prof. (RA) Dr. CARLOS ENRIQUE LANGONE, con fecha 7 de mayo del corriente año a solicitud del Superintendente General de Policía Lic. Daniel Alejandro Salcedo (Jefe de policía), quedando en claro en dicho informe que para el ejercicio correspondiente en curso no se necesitará aporte de ningún tipo cuando menciona que “para el corriente año no existirá aporte suplementario del Estado Provincial, lo que viene demostrando la eficacia de la actual legislación previsional”, todo ello aún sin tener en cuenta las miles de nuevas incorporaciones que se producirán durante el presente y próximo año que aportarán mas recursos todavía.

2. Que resultando público la intención del gobierno, según declaraciones del propio ministro de economía provincial, de la utilización de los fondos previsionales hacia otros destinos, resulta de suma preocupación para la familia policial toda el peligro que se cierne sobre los millonarios recursos del llamado Fondo de Ayuda Financiera, constituido exclusivamente por el aporte de la totalidad de los empleados policiales (activos, retirados, jubilados y pensionados), actualmente administrado por la misma caja de retiros para el otorgamiento de préstamos y ayuda a bajo interés y que se sospecha podría resultar el objetivo final de la pretendida reforma que en el caso de la caja policial de ninguna forma se justifica, reiterando que en dichos fondos no hay aporte alguno del estado.

3. No es cierto, por lo menos en el tema de la caja policial, que haya ningún tipo de acuerdo de las partes involucradas como menciona el legislador ya que el personal policial no ha sido invitado a través de ninguna de sus instituciones representativas a participar de ningún debate sobre el tema, que se sigue con atención dado anteriores intensiones por parte del estado de incursionar en un  sistema que ha dado acabadas muestra de efectividad y ha asegurado hasta ahora a nuestra clase pasiva una mediana tranquilidad luego de toda una vida de riesgos y sacrificios, bajo un régimen que no es de forma alguna de privilegio, sino como se citó en su aprobación, de tipo especial, dadas las especiales condiciones (sobre todo en nuestro país), del trabajo policial.

4. Me permito significar al Sr. Director que para mejor ilustración de lo anteriormente expuesto en el punto 1, adjunto fotocopia de las partes pertinentes del citado informe.

5. Asimismo es de interés señalar que el policial es uno de los pocos regímenes que aún después de retirado, jubilado e incluso las pensionadas continúan aportando al sistema durante toda su vida y hasta la extinción del beneficio el 18% de sus haberes.

Agradeciendo la atención dispensada a la presente saludo al Sr. Director con la mayor consideración.

 

MIGUEL ANGEL REYNOSO

Comisario Inspector (ra)

Secretario General

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URGENTE… (TEXTO COMPLETO)

COMIENZA A CONOCERSE EL BORRADOR PARA LA REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL BONAERENSE

APROPOBA cumple en publicar la información obtenida con respecto a lo que sería el borrador del proyecto del ejecutivo para meter mano en los intocables dineros de los aportes

 

PROYECTO DE LEY ORDENAMIENTO FINANCIERO PREVISIONAL

13/08/2008

    

FUNDAMENTOS DE LA LEY DE ORDENAMIENTO FINANCIERO PREVISIONAL

    

El presente proyecto de ley de ordenamiento financiero del Sistema Previsional de la Provincia de Buenos Aires se enmarca dentro del Sistema de Administración Financiera establecido por la Ley 13.767. En especial, se integra a los regímenes previsionales administrados por el instituto de Previsión Social de la provincia  de Buenos Aires, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de un subsistema adicional del Sistema de Administración financiera.

La especialidad de la materia previsional, las particularidades de la información requerida para una adecuada gestión y control financiero de estos regímenes, la necesidad de mantener información fluida y transparente respecto del financiamiento de los regímenes deficitarios y la conveniencia de generar oportunidades de inversión beneficiosas para preservar los recursos previsionales de los regímenes deficitarios, son algunos de los fundamentos que motivan este proyecto.

En el título primero se define el Subsistema  de Administración Financiera en materia Previsional de la Provincia de Buenos Aires, compuesto por los regímenes previsionales administrados por las Entidades mencionadas en el primer párrafo.

En dicho título se establece que el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, sea el órgano rector de este Subsistema dado que es la Entidad que administra la mayor parte de los recursos previsionales involucrados. Asimismo, se le atribuyen una serie de funciones en materia de coordinación y control, que le permitirán desempeñar el rol previsto.

También se establece claramente la independencia financiera y registral de los diferentes regímenes previsionales, a efectos de determinar individualmente el resultado financiero y la situación patrimonial de los mismos, en forma individual y con independencia de la situación del administrador.

En el título segundo se detalla la información que, como mínimo, se deberá elaborar para cada régimen previsional, así como el proceso de elaboración, auditoria y publicidad de esta información.

En el título tercero se establecen los procedimientos para el financiamiento de los regímenes deficitarios y para la inversión de los excedentes estructurales de los regímenes superavitarios.

En el primer caso se establece claramente la posibilidad de que el Tesoro Provincial anticipe los fondos que le corresponde financiar al Estado Nacional en el marco de los Compromisos Federales ratificados por las leyes 25.235 y 25.400, imputando dichos anticipos como activos contra la Nación.

En el caso de los excedentes estructurales se establece la creación de Bonos de Ordenamiento del Sistema Previsional Provincial, que permitirá la colocación de estos excedentes a mediano y largo plazo, en activos provinciales de mayor rentabilidad y mejor garantía, que las actuales letras previsionales.

En el título cuarto se aborda el ordenamiento definitivo de la situación de la Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La Ley 13.364 estableció un nuevo ordenamiento legal, pero su vigencia se encuentra en suspenso por efecto de la medida cautelar dispuesta por Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Causa B – 68.331 “GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BS. AS. S/CONFLICTO ART. 161 INC. 2 CONST. PROV.”).

La medida cautelar dispuesta por el Supremo Tribunal encuentra fundamento en la existencia de una norma constitucional que, prima facie valorada, otorga privativo impulso legislativo al Poder Ejecutivo de la Provincia en cuestiones que implique nuevos gastos (art. 103, inc. 2º  “in fine” Const. Prov.)

Dentro del actual proyecto se prevé modificar la Ley 13.364, de modo de mantener la contribución patronal especial prevista en la Ley 11.761, hasta tanto se recomponga la relación entre afiliados activos y afiliados pasivos, cuyo deterioro es la principal causa de desfinanciamiento de esta Caja. Esta reforma le permitirá al Poder Ejecutivo, retirar de la Justicia los cuestionamientos planteados oportunamente a la vigencia de la Ley 13.364.

En el marco de esta reforma, también se prevé la integración plena de esta Caja al sistema de controles establecidos en el marco de la Ley 13.767.

Finalmente, en el título quinto se establece una serie de disposiciones transitorias pendientes a la implementación de la presente a partir del año 2008. También se autoriza la primera emisión de Bonos de Ordenamiento Previsional, para la inversión de excedentes estructurales de los regímenes superavitarios, acumulados hasta la actualidad.

Título 1

Administración Financiera del Sistema Previsional

de la Provincia de Buenos Aires

Artículo 1: El Subsistema de Administración Financiera en Materia Previsional de la Provincia de Buenos Aires está compuesto por los regímenes previsionales administrados por las siguientes entidades:

         el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires,

         la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y,

         la Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 2: El Sistema Previsional de la Provincia de Buenos Aires constituye un subsistema del Sistema de Administración Financiera establecido por la Ley Nº 13.767, cuyo Órgano Rector es el Instituto de Previsión Social de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 3: Serán funciones del Órgano Rector las siguientes:

a)     Participar en la formulación de la política financiera que para el Sistema

Previsional elabore el Ministro de Economía, en su calidad de órgano Coordinador de los subsistemas de Administración Financiera;

b)    Formular y proponer al Ministro de Economía, en colaboración con la Dirección

Provincial de Presupuesto, los lineamientos para la elaboración de los presupuestos de las Entidades comprendidas en el Subsistema de Administración Financiera en materia Previsional de la Provincia de Buenos Aires;

c)     Dictar las normas técnicas para la elaboración de información previsional.

d)  Auditar y dictaminar sobre la información previsional que

     elaboren otras entidades administradoras de regímenes

     previsionales;

e)    Consolidar la información previsional en estados consolidados requeridos en el marco de la ley 13.767;

f)       Coordinar el proceso de elaboración y consolidar la información requerida por el Estado Nacional para el financiamiento de los déficit previsionales provinciales en el marco de los Compromisos Federales ratificado por las leyes 25.235 y 25.400;

g)     Requerir información previsional de la Contaduría General de la Provincia y de otras entidades administradoras de regímenes previsionales, necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

h)      Dictar normas técnicas para la administración de activos y pasivos previsionales aplicables en el Subsistema de Administración Financiera en materia Previsional de la Provincia de Buenos Aires;

i)        Dictar normas técnicas para el registro y exposición de información sobre pasivos contingente de los regímenes previsionales;

j)        Intervenir en las operaciones sobre adquisición de activos y cancelación de pasivos de los regímenes previsionales.

Artículo 4: Cada uno de los regímenes previsionales administrados por la entidades mencionadas en el art. 1º constituye un subsistema previsional independiente a los efectos del cómputo de sus activos y pasivos, así como de los ingresos y egresos, y del resultado financiero.

En caso de múltiples regímenes previsionales administrados por un mismo ente administrador, los casos comunes se imputarán en función de la participación de la suma de los ingresos y egresos previsionales específicos del Subsistema, dentro de la suma de ingresos y egresos previsionales del ente administrador.

Artículo 5: El Órgano Rector propondrá al Poder Ejecutivo para hacer aprobado por la reglamentación, una desagregación de Subsistemas y una metodología para la determinación de los activos y pasivos de los mismos.

Título 2

Información Financiera y Previsional

Artículo 6: Anualmente, previo al proceso de formulación del presupuesto, conforme el cronograma que determine el Ministerio de Economía en su carácter de coordinador del Sistema de Administración Financiera los entes administradores de cada Subsistema previsional deberán elaborar balances actuariales y estudios de proyección de los desequilibrios estructurales. En estos estudios de proyección se incluirá un análisis detallado de la deuda contingente atribuible a cada régimen.

Artículo 7: En el caso de los Subsistemas previsionales deficitarios se deberá elaborar información correspondiente a estos déficits, conforme a compromisos materia de información previsional asumidos por la Provincia con el Estado Nacional en el marco de los compromisos federales ratificados por las leyes 25.235 y 25.400.

Artículo 8: El Instituto de Previsión Social será el encargado de establecer la metodología específica, coordinar y auditar la elaboración de información actuarial prevista en los artículos 5º y 6º. La Contaduría General de la Provincia deberá certificar la información de base empleada en estos estudios. El Instituto de Previsión Social auditará los estudios y proyecciones elaboradas por otras entidades administradoras de Subsistemas previsionales y compilará y publicará los estados de información previsional que se requieran en el marco de la Ley 13.767.

Título 3

Financiamiento de Déficits y Utilización de Excedentes Previsionales Estructurales

Artículo 9: El Poder Ejecutivo podrá endeudarse con los Subsistemas previsionales por plazos superiores a un año, mediante la emisión de títulos de la deuda pública, denominados Bonos de Ordenamiento del Sistema Previsional Provincial, a efectos de posibilitar la colocación de los excedentes estructurales de los Subsistemas previsionales públicos de la Provincia de Buenos Aires, en activos públicos de calidad.

Cada emisión de estos Bonos deberá respetar los siguientes criterios:

        Garantía: cada emisión deberá ser garantizada en un 100 % con los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos del 27 de Febrero de 2002, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquel que en el futuro lo sustituya.

Plazo: el plazo de cada emisión no podrá superar la persistencia prevista del excedente estructural que la origine, conforme el balance actuarial exigido en el título 2 de la presente Ley.

Tasa de Interés Aplicable: la tasa de interés no podrá ser inferior al promedio de los últimos dos años de la tasa de rendimiento de la deuda de la Provincia emitida en condiciones comparables.

Artículo 10: Anualmente en cada Ley de Presupuesto, en base a la información actuarial y financiera efectuada conforme lo previsto en el título 2, la Legislatura determinará el monto autorizado al Poder Ejecutivo para la colocación de estos Bonos, dentro de cada Subsistema previsional.

En base a dicha información, también se autorizará el tope presupuestario para las transferencias y anticipos del Tesoro a los Subsistemas previsionales deficitarios.

Artículo 11: Los Bonos  de ordenamiento del Sistema Previsional Provincial serán considerados activos de inversión imputados al Subsistema Previsional que originó el excedente.

Artículo 12: Se faculta al Poder Ejecutivo a rescatar los Bonos de Ordenamiento del Sistema Previsional Provincial en forma anticipada o a autorizar su negociación en el mercado, ante cambios en la situación estructural de los Subsistemas previsionales poseedores de los mismos. En tal caso se deberá compensar al Subsistema poseedor de los bonos por eventuales diferencias entre el valor técnico y el valor de mercado de éstos activos.

Artículo 13: A los efectos del financiamiento de los déficits de los Subsistemas deficitarios por parte del Tesoro Provincial, será condición previa la elaboración de la información prevista en el título 2 de la presente, la certificación de la información de base empleada en estos cálculos por parte de la Contaduría General de la Provincia y la Auditoria de la metodología de cálculo por parte del Instituto de Previsión Social en el caso de regímenes administrados por otros administradores.

En base a dicha información, el Poder Ejecutivo podrá anticipar la parte del déficit que le corresponde financiar al Estado Nacional, en los términos de los Compromisos Federales ratificados por las leyes 25.235 y 25.400, imputando dichos anticipos como activos contra el Estado Nacional.

Artículo 14: Para acceder a los beneficios del artículo 13º, el ente administrador de los Subsistemas deficitarios deberá cumplir metas de gestión a fin de optimizar la administración de dichos Subsistemas.

Estas metas son específicas, en función de los problemas que originen el déficit en cada caso y deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo con la intervención del Ministerio de Economía.

Título 4

Disposiciones Especiales para la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Artículo 15: Incorpórase a continuación del art. 21º de la Ley 13.364, el siguiente:

 “ARTICULO 21 bis: El Banco realizará una contribución adicional a la indicada en el inciso a) del artículo 21 de la presente ley, del siete (7) por ciento a sobre las remuneraciones que integran el haber del empleado, conforme al art. 22º, hasta tanto el cociente entre Afiliados Activos y Afiliados Pasivos de la Caja se mantenga por debajo de 1.”

Artículo 16: La Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, queda plenamente comprendida en las disposiciones de la ley 13.767.

Título 5

Disposiciones Transitorias

Artículo 17: Dentro de los 90 días corridos siguientes a la vigencia de la corriente Ley, los entes administradores de los Subsistemas previsionales deberán elaborar la información prevista en el título 2 de la presente, correspondiente al ejercicio 2008, la que deberá ser certificada por la Contaduría General de la Provincia y auditada por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires en casa de ser producida por otros entes administradores.

Artículo 18: Autorizase al Poder Ejecutivo a emitir Bonos de Ordenamiento del Sistema Previsional Provincial por hasta la suma de pesos dos mil millones ($ 2.000.000.000), destinado a absorber el excedente estructural del ejercicio 2008 en base al cálculo previsto en el artículo 17.

Artículo 19: Autorizase al Poder Ejecutivo a anticipar fondos por hasta la suma de pesos cien millones ($ 100.000.000), destinados a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el ejercicio 2008.

En base al cálculo previsto en el artículo 17 y de las transferencias recibidas en el marco de los Compromisos Federales ratificados por las leyes 25.235 y 25.400, se determinará la parte de este anticipo que corresponda imputar como un activo contra el Estado Nacional.

Artículo 20: Facultase al Poder Ejecutivo a ampliar el crédito presupuestario de la partida transferencias por hasta la suma que surja de lo previsto en el artículo 17.

Artículo 21: de forma.

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LA PAGINA DE APROPOBA CRECE

Como lo indica la estadística de control, estamos superando las 1300 visitas diarias.

 

www.apropoba.com.ar: CONTADOR – VISITAS DIARIAS

 

16 Aug 2008  978

17 Aug 2008  876

18 Aug 2008  1101

19 Aug 2008  1333

20 Aug 2008  1396

21 Aug 2008  1345

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“Hablando de Seguridad” Por Hermes Acuña

 

Santos Lugares (BA)

APUNTES FM 98.9

Programa “Hablando de Seguridad” Conduce Hermes Acuña

Lunes de 17 a 19 hs.

http://www.fm989.com.ar/online.htm

hablandodeseguridad@fm989.com.ar

Tel. 011 – 4712-3514

Cel. 1562168164

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Reconocimiento a APROPOBA – El ex Jefe de Policía Comisario General (ra)  NORBERTO ANDRES, en su nota de renuncia al Centro de Oficiales Retirados reconoce la posición de APROPOBA respecto a la actual Ley de la Caja (15-08-08)

 

Pagina Web Centro de Oficiales Retirados

 

La Plata, 29 de Mayo de 2008

Señor Presidente Centro de Oficiales Retirados

Crio. Mayor (R.A.) Alberto Mirasso

Presente

            Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y honorable Comisión Directiva, confirmando lo expresado en la reunión mensual efectuada en la sede el día 23 del corriente, y mediante la presente formulo mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente 1º de la Institución, pues a través de una situación de conciencia y lealtad, en su momento asumí un compromiso ético con un sector de los representados, con los cuales me identifico y no quiero defraudar, acompañando iniciativas que no comparto y me refiero particularmente al proyecto de modificación de la ley Nº 13236.

            Al respecto debo decir que el C.O.R., debería haber mantenido su alineación con el Círculo Policial y Asociación Círculo Personal Policial Buenos Aires (Ex Círculo Policial de Suboficiales y Agentes) que ambas concentran el pensamiento de la mayoría aproximadamente 45.000 socios, entre los que me incluyo.

            Como Ud. sabe, nos enteramos por los diarios del proyecto de ley se decidió pedir audiencia a autoridades del Poder Ejecutivo y se lograron entrevistas en la legislatura con diputados y senadores, indudablemente esto último dio resultado y el proyecto volvió al ejecutivo solicitando informes o aclaraciones sobre su contenido, eso nos hace pensar que tiene trámite parlamentario, por eso pienso que no admite interpretar que lo enviaron para modificarlo o para redactar uno nuevo distinto. Por ello particularmente creo y estoy convencido que se debe mantener la iniciativa impulsada por las instituciones de defender en todo su contenido la ley nº 13236, por ser la adecuada a estos tiempos y además de hecho cobró vigencia en los últimos días del año 2007 cuando asumieron las autoridades, que con profesionalidad y eficiencia conducen nuestra Caja.

            Es evidente que los autores del proyecto no han contado con asesoramiento de entendido en economía pues además de provocar un déficit financiero en la caja, puede producir debilitamiento en la eficiencia de otras áreas del estado y a ello seguidamente me refiero:

a) De su texto se desprende que muy sutilmente se está tentando a unos 5.000 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con 25 años de servicios a abandonar sus filas, debilitando profesionalmente e intelectualmente a esas fuerzas, con las consecuencias que es de imaginar en la seguridad pública. Otro elemento negativo es reconocer a profesores de institutos policiales 5 años sin aportes lo que no merece mayor comentario ni análisis.

b) Se estima de estudios realizados que el déficit anual que puede provocar a la caja es de 310.000.000 de pesos, indudablemente encamina al extinción del sistema y a la desaparición del organismo.

c) Como ciudadano, por el bien común les deseo éxitos a las autoridades, pero debo reprocharle que consuman su tiempo y tratar de modificar una ley que funciona bien, en su momento nos permitió democráticamente, mediante el voto, sugerir el nombre de las personas que queríamos que conduzcan la C.R.J.P., y el Poder Ejecutivo sin influencia de ninguna naturaleza y tomando en cuenta su currículo los designó y están en funciones cumpliendo con eficiencia y satisfactoriamente sus tareas.

            Si al citado proyecto prosperara provocará el desplazamiento de las actuales autoridades y en el caso del Presidente y Vicepresidente que pertenecen al Círculo Policial y Asociación Círculo Personal Policial Buenos Aires de las cuales soy socio, en la última como honorario, por quienes me siento representado, soy solidario con ellos y particularmente con el Dr. Carlos Langone que es amigo.

            Me consta y me adhiero al temperamento adoptado por las autoridades del Círculo Policial y Asociación Círculo Personal Policial Buenos Aires, y otras con las cuales no estoy vinculado como APROPOBA, en formación, que se inclina y defiende la vigencia de la citada ley nº 13236.

            Por último deseo que la historia del C.O.R. en la página correspondiente a este período refleje éxitos, realizaciones y fundamentalmente se acentúen las iniciativas tendientes a las defensas de los intereses de los asociados en general.

            Sin otro particular saludo a Ud. y Comisión Directiva, con la consideración y respeto que se merecen.

 

Norberto Oscar Andrés

Socio Activo 12 – 1985

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El gobierno de la provincia de Córdoba, también desconoce la Constitución Nacional y apela un fallo judicial que reconoce el derecho sindical a trabajadores policiales y penitenciarios. Después en los discursos hablan de derechos humanos.

 

La Provincia apeló el fallo de agremiación

 

Córdoba, 28 de jul/08.- (La Voz del Interior) - El ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo, aseguró ayer que el Gobierno había apelado el fallo conocido la semana pasada y que declaraba la inconstitucionalidad de la prohibición que impedía agremiarse a los guardiacárceles. Ahora, lo que discuten ambas partes es si la apelación de la Provincia ingresó a tiempo.

 

Como se recordará, en un fallo sin precedentes en el país, a raíz de un recurso presentado por Adriana Rearte, empleada en retiro del Servicio Penitenciario de la Provincia (SPC), el juez de Primera Instancia y 31ª Nominación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, Aldo Novak, declaró el lunes 10 la inconstitucionalidad de la prohibición que impedía a los empleados del SPC agremiarse o realizar cualquier conducta tendiente al ejercicio de su derecho constitucional de formar un sindicato.

Ayer, el ministro Angulo aseguró que el Estado provincial había apelado este fallo.

Consultadas al respecto, las abogadas Celeste Romero y Mariela Puga, integrantes de la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba –que representa a la demandante– indicaron que para ellas el fallo quedó firme, ya que la Provincia “no respondió”.

“El Estado –dijo Romero– fue notificado el jueves 14 a las 9.50. A partir de allí, corresponden 48 horas hábiles para que responda. Yo fui el lunes a las 10.05 y no había contestado, por lo que pedí al juez que de por decaído el derecho dejado de usar (el derecho a apelar)”. De esta manera, para las abogadas, el fallo quedó firme.

Extraoficialmente, este diario conoció que el juez le concedió la apelación al Estado provincial, que había sido presentada después de las 10 del lunes. Sobre el vencimiento del plazo, pesan distintos criterios, de los que se habría valido el juez para aceptar el recurso de la Provincia.

Fallo judicial

Un juez avala gremio de penitenciarios

El magistrado Aldo Novak declaró la inconstitucionalidad de la prohibición que impedía agremiarse a los guardiacárceles.

En un fallo sin precedentes en el país, el juez de Primera Instancia y 31ª Nominación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, Aldo Novak, declaró la inconstitucionalidad de la prohibición que impedía a los empleados del Servicio Penitenciario de la Provincia (SPC) agremiarse o realizar cualquier conducta tendiente al ejercicio de su derecho constitucional de formar un sindicato.

El fallo remite a un recurso presentado en setiembre del año pasado por Adriana Rearte, empleada en retiro del SPC, quien junto a la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba, presentó una demanda de amparo colectivo contra el Gobierno provincial, peticionando que se autorizara el ejercicio de su derecho a la asociación en sus diversas formas. Esta petición incluía los derechos a la organización y/o formación de un sindicato de empleados del SPC, a afiliarse, declarando la inconstitucionalidad de la proscripción legal contenida en el artículo 19, inciso 10, de la ley 8.231.

Frente a la respuesta del Gobierno de que el ejercicio de estos derechos podría afectar el normal funcionamiento del SPC, el juez sentenció que "debe tenerse en cuenta al respecto, que han existido acuartelamientos de personal de seguridad o circunstancias como el cruento motín ocurrido hace poco tiempo en esta ciudad, que no han sido consecuencia de actividad sindical, sino que, por el contrario, posiblemente no se hubieran producido de existir entidades gremiales que canalicen los reclamos colectivos del personal de seguridad, con los límites y alcances que corresponda establecer".

"Desde otra perspectiva –recalcó Novak–, debe tenerse en cuenta que el personal del SPC no sólo cumple una función de seguridad, sino que también participa necesariamente en la tarea de resocialización de los internos a quienes custodia habiéndose hecho pública la situación de extrema crisis que atraviesa el sector penitenciario en general, con motivo del grave motín que se produjera en esta ciudad y que en estos momentos es materia de juzgamiento en el fuero penal".

Para el magistrado, "es claro que la sindicalización del personal de las fuerzas de seguridad no debería poner en riesgo la normal prestación del servicio".

Sobre el final de la resolución, en la que declara la inconstitucionalidad del artículo 19, inciso 10, de la ley 8.231, el juez indicó: "Cabe precisar que el alcance de este pronunciamiento no puede ser otro que sólo despejar la posibilidad de que el personal penitenciario despliegue actos y conductas tendientes a su sindicalización, no pudiendo por ello ser pasible de sanciones disciplinarias y a su vez, sin que tales actos o conductas alteren o puedan alterar el normal funcionamiento del servicio de seguridad que le es propio, no pudiendo el personal penitenciario apartarse del orden jerárquico y la cadena de mandos vigentes, ni realizar medidas de fuerza, las que sólo podría llevar adelante un gremio ya constituido".

"Vale decir –sigue el texto–, que sin que puedan ser sancionados por ello y en el contexto expuesto precedentemente, el personal penitenciario que lo decida, podrá realizar los actos y conductas tendientes a gestionar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, la formación de un sindicato, en las condiciones emergentes de la Constitución Nacional".

 

La Asamblea Constituyente que estudia la reforma de la Constitución de Entre Ríos estudia incorporar expresamente el derecho sindical policial

 

Proponen reconocer los derechos humanos de los miembros de la Policía entrerriana

 La Asamblea Constituyente analiza diversos proyectos de reforma

 

Córdoba, 28 de jul/08.- (La Voz del Interior) - El convencional del radicalismo, Jorge Monge, consideró que “la sociedad actual, cada vez más plural en su composición y compleja en sus interrelaciones, necesita una policía también moderna y mejor preparada técnica, psicológica y humanamente, a la altura de los nuevos retos que se plantean”.

 

“La nueva policía que reclama la seguridad pública anhelada por los ciudadanos, sólo puede ser integral, pues integral es el concepto de seguridad pública que sienten esos mismos ciudadanos. Así, la prevención de los delitos, de las infracciones administrativas o de determinadas conductas lesivas de la convivencia social, cuando no la persecución de los mismos y la reprensión a sus autores, reclama visiones generales y, en consecuencia, policías generales cuyas funciones no se vean cercenadas por una concepción anticuada u obsoleta” fundamentó Monge. La iniciativa del convencional Monge establece que los miembros de la Policía “se sujetarán a los principios de jerarquía y de subordinación, sin embargo, la obediencia debida no podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos u omisiones que manifiestamente constituyen delito o sena contrarios a las leyes”.

Además destacó que “harto trascendente resulta la capacitación constante del personal policial en todas las disciplina propias de esta actividad y también en lo tocante a la formación integral. Derechos Humanos, Psicología, Psicología Social, Sociología, Antropología Social, en suma ramas del conocimiento cuyo aprendizaje le permitirán afrontar las situaciones complejas de la vida con mayor comprensión de las distintas diversidades”.

Uno de los puntos más importantes del presente proyecto es el de reconocerle a los integrantes de la fuerza de seguridad de la provincia su libre derecho “…a asociarse libremente a las organizaciones para la defensa de sus intereses, y obviamente a separarse de las mismas y a constituir otras organizaciones…”.

Al respecto, Monge explicó que dicho derecho se encuentra expresamente previsto por el art. 14bis de la Constitución Nacional, en cuanto, reconoce “el derecho de los trabajadores a una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Como también en diversos tratados y convenios internacionales – alguno constitucionalizados por el art. 75 de la Constitución Nacional , Por tanto “debe tenerse en cuenta que los derechos sociales incorporados a la Constitución Nacional en sus distintas reformas, entre los que se encuentran el derecho de todo trabajador a la sindicalización, son considerados derechos humanos básicos”.

El proyecto de reforma está siendo tratado en las comisiones de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Régimen Electoral.

Se adjunta el articulado del proyecto de reforma presentado.-

 

LA HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE DE ENTRE RIOS

SANCIONA:

Articulo 1º: Deróganse los artículos 144 y 145 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.-

Articulo 2º: Incorpóranse dentro del Capítulo VI de la Constitución Provincial, ORGANIZACIÓN POLICIAL, los siguientes artículos:

Artículo . . . : La Policía de la Provincia tiene por función mantener el orden público; prevenir la comisión de faltas y delitos; proveer a la seguridad de las personas y los bienes; y proteger y velar por las libertades y derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Artículo . . . : Los integrantes de la Policía observarán en el ejercicio de sus funciones los siguientes principios:

a) Cumplirán y harán cumplir en todo momento la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las demás normas;

b) Se sujetarán a los principios de jerarquía y de subordinación. Sin embargo, la obediencia debida no podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos u omisiones que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a las leyes.

c) Colaborarán con la Administración de Justicia y la auxiliarán en los términos en que lo establezca la ley;

d) Impedirán la aplicación de cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral;

e) Velarán por la vida e integridad física de las personas detenidas o bajo su custodia, respetando el honor y la dignidad de las mismas;

f) Contarán con una cadena de mandos claramente definida. Sus miembros, en todos los niveles de jerarquía, serán personalmente responsables de sus actos, de sus omisiones y de las órdenes dadas a sus subordinados.

Artículo 3º: Agrégase la siguiente oración al final del actual artículo 146:

“Sus integrantes tendrán derecho a ascender en la carrera policial por estricto orden de mérito, a recibir capacitación permanente y equipamiento adecuados, a asociarse libremente para la defensa de sus intereses y a la convivencia familiar.”

FUNDAMENTOS

Honorable Convención:

La sociedad actual, moderna, cada vez más plural en su composición y compleja en sus interrelaciones, necesita una policía también moderna y mejor preparada técnica, psicológica y humanamente, a la altura de los nuevos retos que se plantean.-

Esta Policía ha de estar empapada de los valores que la nueva sociedad civil reclama y ha de tener un enfoque integral, ha de estar al servicio del conjunto de la población y satisfacer las necesidades de ésta en materia de seguridad pública, sin visiones parciales, sesgadas o reduccionistas.-

La nueva policía que reclama la seguridad pública anhelada por los ciudadanos, sólo puede ser integral, pues integral es el concepto de seguridad pública que sienten esos mismos ciudadanos.- Así, la prevención de los delitos, de las infracciones administrativas o de determinadas conductas lesivas de la convivencia social, cuando no la persecución de los mismos y la reprensión a sus autores, reclama visiones generales y, en consecuencia, policías generales cuyas funciones no se vean cercenadas por una concepción anticuada u obsoleta de la policía.-

Harto trascendente resulta la capacitación constante del personal policial en todas las disciplina propias de esta actividad y también en lo tocante a la formación integral. Derechos Humanos, Psicología, Psicología Social, Sociología, Antropología Social, en suma ramas del conocimiento cuyo aprendizaje le permitirán afrontar las situaciones complejas de la vida con mayor comprensión de los distintas diversidades.

LOS DERECHOS HUMANOS TAMBIEN PARA LOS MIEMBROS DE LA POLICIA:

Creemos que se impone avanzar en la consolidación de una Policía altamente capacitada e imbuida de los mejores criterios en cuanto a respeto de las libertades y derechos fundamentales, obviamente de todos los ciudadanos en general, pero también del respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de sus propios integrantes.- Es decir, que además de evitar lesiones por parte de integrantes de la fuerza de seguridad hacia el resto de los ciudadanos, también se tenga en claro evitar actos, hechos u omisiones que violenten o desconozcan los derechos humanos de los agentes policiales en tanto miembros respectivos de dicha fuerza.

En esa inteligencia, a nadie escapa que menudo también ocurre – o existe la posibilidad de ello-, situaciones que impactan sobre los intereses y derechos de las personas a través de casos de arbitrariedad y abuso de autoridad, entre otras, no solo de los ciudadano en general, sino también sobre los propios miembros de dichas fuerzas, toda vez que se dan episodios donde el mando no siempre es ejercido por “ convicción” sino a través del “temor” o “miedo” a la sanción, al arresto, al traslado; acosos de diversas índoles, etc., vicisitudes que obviamente son sufridas por los subordinados, quienes - frecuentemente no se tiene presente esto – son también titulares de derechos humanos.

Destacamos que en su momento presentamos un proyecto para la creación de la figura del Defensor del Pueblo, que incluía expresamente la consideración de estos aspectos en cuanto a la función de tal funcionario, el que concebíamos con atribuciones expresas para velar por el cumplimiento de las “ normas, principios y prácticas de la buena administración en el ámbito policial y penitenciario” protegiendo también los derechos e intereses del personal sujeto a subordinación integrantes de la policía de seguridad ante actos, hechos u omisiones ilegítimos o rearbitrarios que los vulneren o perjudiquen.- Mejorar las prácticas de estos organismos, las condiciones de trabajo y modalidades de funcionamiento hacia el interior de los mismos, sin duda traerá consecuencias positivas. (Vid Expediente nº 439, presentado el 29.02.2008 que contiene el proyecto de Defensor del Pueblo de nuestra autoría).-

Conscientes de esas demandas sociales que requieren de una nueva policía, integral y al servicio de los ciudadanos, que preste un servicio público de seguridad pública, se hace preciso actualizar, modernizar y darle jerarquía constitucional a determinadas cuestiones que hacen al régimen de la policía de la provincia.-

Ahora bien, en el presente proyecto se contempla ésta como lo que hoy es: un instituto armado, de carácter civil, organizada de forma jerarquizada.- Su enfoque es, bueno resulta subrayarlo al hilo de lo antes expuesto, el de una policía integral y de referencia, esto es, actual y moderna, lejos de reminiscencias históricas o simbólicas. Responsable de garantizar en todo momento y lugar, dentro del ámbito de la provincia, la seguridad pública y el pacífico ejercicio de los derechos y libertades públicas y la protección de todas las personas y bienes.-

Por otra parte, es dable destacar que el conjunto de derechos y deberes de los policías se asienta sobre el precedente y sobre las especialidades que mantiene respecto al general de los restantes funcionarios públicos de la provincia.-

EL DERECHO DE ASOCIACION:

Amen de lo expuesto debemos decir -sin duda alguna- que uno de los puntos más importantes del presente proyecto -cuya sanción se impetra- es el de reconocerle a los integrantes de la fuerza de seguridad de la provincia su libre derecho “…a asociarse libremente a las organizaciones para la defensa de sus intereses, y obviamente a separarse de las mismas y a constituir otras organizaciones…”.-

Al respecto cabe destacar que dicho derecho se encuentra expresamente previsto por el art. 14bis de la Constitución Nacional, en cuanto, reconoce “el derecho de los trabajadores a una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.-

Así, y citando jurisprudencia de la provincia de Córdoba (autos caratulados: “REARTE ADRIANA SANDRA Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AMPARO”, Expediente 1321645/36), debemos apuntar aquí que “el dispositivo constitucional (art. 14bis de la Constitución Nacional) refiere a todo trabajador, sin exclusiones, y si bien el Convenio número 87 adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, referido a la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, aprobado por la Argentina mediante la ley 14392 (Boletín Oficial 29/12/1959 - ADLA 1959 - A, 141) prevé “Art. 9° -1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio; 2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del art. 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación de este Convenio por un miembro no deberá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía garantías prescritas por el presente Convenio.”, ninguna norma dictada por el Congreso de la Nación ha limitado o restringido el derecho constitucional relacionado, estableciendo hasta qué punto el derecho reconocido por el artículo 14 bis a todo trabajador se aplicará a las fuerzas armadas y de la policía o fuerzas de seguridad en general”.-

Sigue el fallo citado: “debe reconocerse a las FFAA y a las Fuerzas de Seguridad la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, pues cuando Argentina ratificó el convenio 87 y el 98 de la OIT, ninguna ley fue sancionada excluyendo de la libertad sindical a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales y las de seguridad, y en la ley 23551 tampoco hubo disposición alguna que impida a los trabajadores sindicalizarse” (Del voto en disidencia del Dr. Capón Filas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, en Ministerio de Trabajo c/ Sindicado Único del Personal de Seguridad, de fecha 15/02/06, LL 2006-B, 591-DT 2006 (abril) 579)”.-

Por otra parte es de destacar que, “todo lo referido a derecho del trabajo y de la seguridad social es materia de fondo de competencia del Congreso de la Nación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, habiendo dictado el Congreso de la Nación la Ley 23.551 que conforma el régimen legal de las Asociaciones Sindicales, siendo su autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuerpo normativo en ningún momento excluye de su ámbito de aplicación a las fuerzas armadas y de seguridad”.-

Del mismo modo, “debe tenerse en cuenta que los derechos sociales incorporados a la Constitución Nacional en sus distintas reformas, entre los que se encuentran el derecho de todo trabajador a la sindicalización, son considerados derechos humanos básicos, tal como lo destacan, entre otros, Ackerman y Tosca “La inescindible relación entre los derechos humanos fundamentales y la libertad sindical, explicitada en buena medida en la Resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 1970, y que diera lugar, además, a reiterados pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, había sido anticipada ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 23, en el párrafo 4º, afirmó que: Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, texto éste que, a diferencia del artículo 2º del Convenio Nº 87, no contempla el derecho de sindicación de los empleadores, aun cuando no puede dejar de observarse que la amplitud de la referencia a toda persona no parece admitir exclusiones” (vid Ackerman – Tosca, Relaciones Colectivas de Trabajo, Rubinzal Culzoni Editores, 2007, t. 1, p.81). Estos autores también citan las previsiones del artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevé “Art. 8º. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a). El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; … 2) El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado. 3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías …”; en similares términos, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a su vez, citan la afirmación de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones que expresó “La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, y el Pacto y Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, han consagrados derechos y libertades que son indispensables para el libre ejercicio de los derechos sindicales” (vid Ackerman – Tosca, obra citada p. 82vta./83). Asimismo, de los varios instrumentos internacionales del ámbito regional americano que citan, con postulados en igual sentido, caben destacar el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificado por ley 23054 y el artículo 8 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, ratificado por ley 24658, siendo que todos estos instrumentos tienen jerarquía constitucional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22 C.N.), pero nunca pueden ser interpretados en desmedro de los derechos y garantías que ella prevé”.-

Por último queremos dejar en claro que el reconocimiento del derecho “…a afiliarse libremente a las organizaciones sindicales, a separarse de las mismas y a constituir otras organizaciones…” aquí reconocido a la fuerza de seguridad de la provincia solo pretende “despejar la posibilidad de que el personal penitenciario (y de fuerzas de seguridad de la provincia) despliegue actos y conductas tendientes a su sindicalización, (…) sin que tales actos o conductas alteren o puedan alterar el normal funcionamiento del servicio de seguridad que le es propio, no pudiendo el personal penitenciario (y de fuerzas de seguridad de la provincia) apartarse del orden jerárquico y la cadena de mandos vigente, ni realizar medidas de fuerza, las que sólo podría llevar adelante un gremio ya constituido (art. 14 bis segundo párrafo de la C.N.), en función de lo cual, en el contexto expuesto precedentemente, el personal penitenciario que lo decida, podrá (…) realizar los actos y conductas tendientes a gestionar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la formación de un sindicato, en las condiciones emergentes de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales aplicables; las leyes del Congreso de la Nación y las disposiciones de la propia autoridad de la aplicación de la Ley 23.551”.-

Con las razones expuestas y las que estamos dispuestos a brindar en oportunidad de su tratamiento, dejamos fundamentada la iniciativa que antecede, solicitando la aprobación del proyecto por parte de nuestros pares.-

 

Ampliando fallo judicial cordobés reconociendo el derecho sindical de trabajadores policiales y penitenciarios – Es una pena que no haya más jueces estudiosos de la Constitución Nacional

 

Conflicto penitenciario en contexto

"La Docta", otra vez escenario de reformas progresistas

 

Córdoba, 27 de jul/08.- (La Voz del Interior) - El fallo del juez Aldo Novak, que admite el derecho constitucional a la sindicalización del personal penitenciario de la provincia de Córdoba, es una pieza jurídica de gran claridad argumental, erudición jurídica y valentía intelectual.

(Mariela Puga Abogada. Integrante de la Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba)

 

La puja partidaria oportunista no puede ser sino pasajera. Será necesario apartarla por un momento del debate para poder ver el conflicto penitenciario en contexto y perspectiva. En Córdoba, “la Docta”, está teniendo lugar un debate señero, y se abre, una vez más, la posibilidad de una reforma institucional fundamental para la democracia de nuestro país.

Cientos de miles de trabajadores formales del Estado a lo largo y ancho de la Argentina carecen de garantías laborales mínimas y de los derechos políticos y humanos básicos de los que goza cualquier otro ciudadano, mientras están inmersos en un sistema altamente opresivo y autoritario. Ello es así por leyes expresas, como en Córdoba, o por prácticas institucionales consuetudinarias.

Tal como sucediera con los negros en lo Estados Unidos del siglo pasado, las mujeres durante generaciones, o los perseguidos religiosos en la Europa de la Reforma, estos cientos de miles de personas están excluidas formalmente, y sin eufemismos, del sistema de derechos. Y esto nos parece natural…

Es importante tener en cuenta que no es algo que les sucede sólo a los penitenciarios de Córdoba. Tampoco se trata de una invención de la administración provincial o nacional actuales, y ni siquiera de la anterior. Es algo que les pasa a los empleados de todas las fuerzas de seguridad civil del país (penitenciarios y policías) desde hace más décadas de las que tiene la vida democrática. Tiene su raíz e inspiración en el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) por el cual a mediados de la década de 1950 se puso a la Policía y al personal penitenciario a cargo de las Fuerzas Armadas para lograr militarizar el aparato de seguridad civil.

Hablamos de gente que no puede expresar ideas contrarias a la de sus superiores, no puede propagarlas mediante, por ejemplo, panfletos, porque se consideran subversivos, desobedientes, etcétera, y se la sanciona por ello. Las manifestaciones públicas de reclamos, como esas en las que cualquier hijo de vecino participa cuando quiere, son consideradas faltas de decoro grave para con el servicio y suponen duras sanciones.

Todos supimos, sin reflexionar al respecto, que durante las elecciones los agentes policiales que estaban en servicio no pudieron votar –estaban custodiando los lugares donde usted y yo, ciudadanos completos, fuimos a ejercer nuestro derecho constitucional–. Si no pudieron ejercer el derecho político que más representa la idea de ciudadanía, el hecho de que no puedan agremiarse, es decir, canalizar sus reclamos por la vía institucional colectiva que todo trabajador tiene, es sólo la punta del iceberg.

Esta segregación se justifica con frases tan caras a la doctrina de la seguridad nacional como la de la necesidad de mantener la “paz social y el orden”. Así se legitima lo que el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) llamó el año pasado, lisa y llanamente, con relación al caso de un policía en Tierra del Fuego que pretendía sindicalizarse, discriminación del personal de seguridad (dictamen 092/07 del 14 de setiembre de 2007).

Contradicciones autoritarias. El personal del Servicio Penitenciario segregado de su plena ciudadanía es el responsable de “custodiar” y “resocializar” a las personas procesadas y condenadas por los Tribunales de justicia. Con cargas horarias que distan por mucho de ser las que las leyes laborales permiten para una tarea insalubre como ésta, trabajan bajo la misma infraestructura vergonzosa y con similares condiciones de falta de servicios de salud, higiene y alimentación apropiada que las denunciadas por los presos que se amotinaron en el penal de San Martín. Paradójicamente, durante el juicio público por el motín, el Ministerio de Justicia anunció un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para que se les enseñe a los empleados del servicio cómo se respetan los derechos humanos de los internos y de los ciudadanos.

Por otro lado, los reclamos de los penitenciarios cordobeses, de las asociaciones de policías en Buenos Aires, del Apropol en Santa Fe, del sargento en Tierra del Fuego, de los sindicatos de policía en Río Negro que llegaron hasta el Superior Tribunal, y de todos esos grupos informales que en todo el país cuentan sus historias de abusos laborales y personales –en voz baja y cauta– a quien quiera escucharla, no están ni en la agenda de los sindicatos, ni en la agenda de las organizaciones de derechos humanos –quienes seguramente participarían gustosos de la “reeducación” en derechos humanos del personal del servicio.

La vocación de democratización de las Fuerzas Armadas desde el Gobierno nacional viene consistiendo en imponer cursos compulsivos de derechos humanos al personal, en los que se les cuenta qué dicen los tratados internacionales al respecto y algunas disquisiciones históricas y filosóficas. La vocación parece tener un contenido más simbólico que pragmático. Ostentar inculpación por el pasado dictatorial, antes que avanzar en la transformación institucional.

Una sentencia no cambia la historia. El fallo del juez Aldo Novak, que admite el derecho constitucional a la sindicalización del personal penitenciario de la provincia de Córdoba, es una pieza jurídica de gran claridad argumental, erudición jurídica y valentía intelectual. De ella se hablará en el medio nacional e internacional por largo tiempo, aunque el Gobierno se empeñe en apelarlo y las circunstancias políticas determinen si queda firme o no. Y aunque ya nada puede borrar esta decisión de la historia ni del debate sobre la construcción institucional argentina –basta ver la cantidad de páginas web en las que ya aparece colgado o citado– lo cierto es que no sirve de nada contra las convicciones y las idiosincrasias.

Es el primer fallo en el país en el que se declara la inconstitucionalidad de excluir a estas personas de derechos básicos, pero no es el primer juez en decirlo (ya alguno en minoría en una Cámara nacional lo hizo, y otros manifestaron su opinión en artículos de opinión, incluso un actual juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Pero ni los jueces, ni los abogados cambiamos la historia o movemos a revoluciones. Las transformaciones vienen de una ciudadanía muchas veces ajena a los debates teóricos, que en cierto momento toma conciencia de la injusticia de una situación y reacciona frente a la insostenibilidad de argumentos como los de la “inmadurez” de los argentinos para autogobernarse.

Sirve el fallo para promover este debate, para que estemos escuchando esas historias de injusticia y abusos que alguna gente está empezando a animarse a contar. Pero es a nosotros, los ciudadanos plenos, y a nuestro sentido de justicia, a los nos toca escuchar, reflexionar y recrearnos como sociedad verdaderamente democrática para cambiar la historia.

 

La Corte de Justicia Cordobesa se expedirá el próximo 31 sobre el fallo de un juez de esa provincia que reconoció como inconstitucional la norma que prohíbe la agremiación a personal penitenciario y policial. Fallo completo del 16-04-08, adelantado oportunamente por APROPOBA

 

CORDOBA: "Fallo histórico a favor de la sindicalización penitenciaria y policial"

Como lo adelantabamos hace algunos días, el Juez Dr. Novak de la provincia de Córdoba declaró inconstitucional una ley de esa provincia que no admnitia la actividad gremial de policias y penitenciarios.

FALLO JUDICIAL

Juz. Civ. y Com. de 31 Denominación. Córdoba

Referencia: Sindicato de policías, Negativa de personería gremial.Opiniones

SENTENCIA NÚMERO: cinco

Córdoba, ocho de febrero del año dos mil ocho.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “REARTE ADRIANA SANDRA Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AMPARO” (Expediente 1321645/36), de los que resulta que a fs. 37/44, comparecen Adriana Sandra Rearte por derecho propio y Mariela Puga en representación de la “Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba”, e interponen acción de amparo colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, y artículo 1º, subsiguientes y concordantes de la Ley Provincial 4915, en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a los fines de que, previos los actos y trámites de ley, autorice al personal del Servicio Penitenciario de la Provincia a realizar las conductas tendientes al ejercicio de su derecho a la asociación en sus diversas formas, incluidos los derechos a la organización y/o formación de un sindicato de empleados del Servicio Penitenciario, el correlativo derecho de cada trabajador a afiliarse, y ordene las medidas que estime convenientes a tal fin, entre ellas la comunicación de sus derechos a los sujetos en la situación de prohibición ilegítima, declarando, asimismo, la inconstitucionalidad de la proscripción legal general contenida en el art. 19 inc. 10 de la ley 8231, y de las sanciones a conductas preparatorias y formales indispensables para este y/o estos objetivos (Art. 9 incisos 10 y 13, y Art. 10 inc. 34, del Régimen Disciplinario aplicable al Personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, decreto 199/06, interpretados a la luz de la prohibición que se impugna). Manifiesta Adriana Sandra Rearte ser empleada del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba desde hace quince años y que no puede, porque les está prohibido, intentar conductas tendientes a asociarse con sus compañeros, o reclamar colectivamente, ni mucho menos formar un sindicato o afiliarse a alguno de los existentes.  Dice que sobre ella y todos los miembros del servicio, pesa la amenaza de sanciones (formales e informales) en caso de iniciar conductas de este tipo y que esta situación es consecuencia de la prohibición general de sindicalización desde la cual se interpretan diversas conductas tales como la de repartir panfletos, manifestar disconformidad con una orden, etc. Expresa que la razón de esta acción es sencillamente ser autorizada a hacer con sus compañeros, lo que cualquier empleado, incluidos los empleados públicos pueden y ellos no. Refiere que asimismo se les cercena permanentemente el derecho a la información, ya que no tienen acceso al reglamento que rige su actividad laboral, y en consecuencia desconocen los derechos que en él les estarían reconocidos. Relata que durante quince años ha sido agente activa del Servicio Penitenciario de Córdoba, hasta que el treinta y uno de diciembre de dos mil seis la pasaron a retiro obligatorio sin causa explícita, en virtud del artículo 115 inc. 1 y 7 de la Ley 8231, que otorga a la autoridad penitenciaria amplia discrecionalidad para tomar esta medida. Añade que conforme al art. 110 de la misma ley mantiene “Estado Penitenciario”, lo que significa que aún se le aplica el régimen disciplinario, y debe respetar y cumplir muchas de las prohibiciones y obligaciones que exige la ley del servicio (Ley 8231), como por ejemplo, no poder trabajar en la administración pública (art. 13 inc. 7233). Refiere que sus haberes se fijan de manera proporcional a los haberes que perciben los agentes en servicio activo (art. 112 de la ley), lo cual es otra muestra de la comunidad de intereses que comparten. Manifiesta que como dependientes del Servicio tienen variados y complejos conflictos, desde aquellos relativos a los haberes percibidos, hasta problemas vinculados con abuso de autoridad y que en la situación actual, los conflictos sólo tienen articulada una vía individual de reclamo, por lo tanto quedan sin poder plantarse los que hacen al grupo de trabajadores como un colectivo.  Dice que el problema central es que el reclamo individual en una organización tan verticalista, militarizada y antidemocrática como es la penitenciaria actualmente, implica “gran valentía” y que en estas circunstancias los agentes inferiores del servicio se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad ante abusos de sus superiores y que estos abusos acarrean consecuencias psicológicas serias. Sostiene además, que desde que la sindicalización está expresamente prohibida, también resultan usualmente sancionadas las conductas tendientes a la organización y asociación (como repartir panfletos, reunirse con fines asociativos, manifestar desacuerdos con los superiores, en la interpretación usualmente amplia de las faltas graves o gravísimas del régimen disciplinario que se imponen de facto y que manteniendo Estado Penitenciario, también sería pasible de algunas de las sanciones mencionadas en caso de intentar concretar algún reclamo colectivo; que cualquier intento le resultaría ab initio imposible, ya que sus compañeros que se encuentran en actividad están fuertemente disuadidos de defender sus derechos en razón de las amenazas de sanción ante cualquier conducta preliminar o inaugural en tal sentido y que de hecho, la mayoría siquiera conoce sus derechos ya que resulta imposible acceder a conseguir el reglamento que rige su actividad. Arguye que ello explica porqué no existe ningún Sindicato del Servicio, ni posibilidad de afiliarse en el Sindicato del Estado, ni algún canal de diálogo fortalecido, que no sea la temeraria vía individual frente al superior inmediato. Refiere que en síntesis, sus derechos constitucionales a asociarse como cualquier otro habitante argentino, en defensa de sus intereses comunes, quedan coartados mediante una prohibición general que impide su propia crítica con la amenaza de sanción. Sostiene también que es importante tener en consideración que sus intentos de expresar ideas sobre sus derechos a través de escritos de grupos de mujeres de policías y penitenciarios autoconvocados, está estrechamente vinculado con la primera decisión de pasarla a pasiva, y luego a estado de retiro. Añade que ante la mera posibilidad de que esa conducta preliminar pudiera significar un intento de sindicalización, se tachó de subversivas a las revistas de este grupo. Dice que asimismo ha estado realizando varias actividades no remunerativas relacionadas al Servicio, y este reclamo es también parte de su preocupación permanente por la problemática penitenciaria.  Manifiesta que la ley 8231, contradice lo establecido en la Constitución Nacional, en sus artículos 5, 31, 14, 14 bis y 75 inc. 12, cuando preceptúa en su artículo 19, que queda prohibido al personal penitenciario en actividad: “10) Agremiarse, o efectuar proselitismo sindical o político en el ámbito de la institución.”. Dice que la privación de este fundamental derecho atenta contra la libertad de organización sindical acordada a todo trabajador en el art. 14 bis CN y que el derecho colectivo a la agremiación cumple una imprescindible función en las sociedades democráticas, ya que actúa como correctivo del desequilibrio existente en la relación laboral y es por este motivo que goza de jerarquía constitucional. Refiere que la doctrina y la jurisprudencia han expuesto y sistematizado esta desigual relación a través de la exposición teórica de la dependencia jurídica, la dependencia económica y la dependencia técnica que la caracterizan y que tal subordinación ubica al empleado en un plano de vulnerabilidad respecto de su patrón, haciendo posible toda clase de abusos que el derecho lógicamente busca evitar.  Agrega que por otro lado, la norma impugnada es fruto de una invasión a las competencias legislativas constitucionalmente atribuidas al Congreso de la Nación; que se trata de una materia cuya regulación es competencia del Estado Federal y en relación a la cual las provincias sólo pueden legislar en ejercicio de su poder de policía (con el límite de la razonabilidad) o para mejorar los “mínimos” establecidos por el primero, pero no para negar derechos constitucionales ya reconocidos.  Cita doctrina. Sostiene que el exceso en el que incurre el Poder Legislativo provincial no sólo atenta contra el ordenamiento interno, sino que afecta también compromisos asumidos por la Nación Argentina en la esfera jurídico internacional. Cita en ese orden el Convenio 87 adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo y posteriormente aprobado en nuestro país por ley 14932, dedicado específicamente al tema de la libertad sindical, que prescribe en su artículo 9 que la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por dicho convenio y que de la interpretación armónica del artículo precitado y los artículos 75 inc. 12 y 126 CN, surge que la expresión “legislación nacional” sólo puede referirse a la emanada de la esfera federal de gobierno, concretamente del Poder Legislativo de la Nación. Expresa que no existe legislación nacional al respecto que haya autorizado a la Provincia de Córdoba a realizar semejante cercenamiento a la libertad sindical de los agentes del Servicio Penitenciario. Agrega que la ley nacional 23550, de mil novecientos ochenta y ocho, viene a dar forma a la libertad sindical consagrada en mil novecientos cincuenta y nueve por el Convenio 87 y que al hacerlo no contempla excepción alguna, lo que implica la plena vigencia del derecho a la libre asociación sindical en el orden de la legislación nacional sustancial, ergo en el orden de sujeción de esta materia. Concluye en que si la norma cuestionada es resultado del ejercicio de competencias que no se poseen y además priva a algunos (los agentes del Servicio Penitenciario) de un derecho reconocido de modo general a todo trabajador, no puede sostenerse su aplicabilidad al caso.  Disposiciones de esta índole vulneran además, el derecho de igualdad ante la ley al generar distinciones arbitrarias, incompatibles con los principios y normas mas elementales del Estado de Derecho (Artículo 16 CN). Dice también que el Decreto 199/06 (que aplica el Decreto 25/76 sancionado durante la última dictadura militar) interpretado a la luz y espíritu de la prohibición de la ley 8231 que impugnan, establece sanciones disciplinarias para conductas que no son más que el ejercicio de derechos constitucionales de asociarse y de libre expresión (art. 14 de la CN) y que este decreto estatuye el Régimen Disciplinario aplicable al Personal Penitenciario, sancionando en su artículo 9 como faltas graves: Inc. 10. Expresar disconformidad manifiesta con una orden general del servicio. Inc. 13. Dirigirse a un Superior, por actos de servicio, sin seguir la vía jerárquica y en su artículo 10, entre las faltas gravísimas las de: Inc. 34. Permitir la introducción, tenencia o circulación dentro de la unidad de impresos subversivos. Sostiene que estas normas disciplinarias y sus sanciones, en contexto, constituyen los mecanismos disuasivos para evitar el ejercicio de derechos constitucionales tendientes a la sindicalización, o a la simple asociación, o a la simple expresión de ideas o de petición ante las autoridades. Refiere, respecto a la procedencia formal de esta acción, que no existe otra acción más idónea que la de este amparo colectivo, para la violación denunciada. Dice que la acción declarativa de inconstitucionalidad regulada en el art. 165 inc.1 de la Constitución Provincial, no es procedente para efectivizar el presente reclamo, desde que ésta tiene un carácter eminentemente preventivo, destinado a evitar la producción de un daño grave e inminente, es decir, que no ha comenzado a producir sus efectos perjudiciales y que tal como surge de los hechos de esta presentación, la situación de excepción que consagra la desprotección jurídica de los penitenciarios a partir de la prohibición de agremiarse y la aplicación de sanciones a quienes lo intenten, constituye una violación de los derechos consagrados en los artículos 14, 14 bis, 16 y 19 de la Constitución Nacional, y el art. 23 de la Constitución Provincial.  Dice que esta violación se origina en el texto de la ley impugnada, cuya vigencia data de mil novecientos noventa y dos, y la que es aplicada de manera uniforme desde entonces con los alcances reseñados y que por lo tanto, al haber comenzado a surtir efecto a partir de esa fecha, la lesión al derecho invocado ya se ha producido en varias oportunidades y se consolida como una “situación” de violación, razón por la cual es de rechazo la vía procesal preventiva de la acción declarativa de inconstitucionalidad. Agrega que de hecho le ha sido aplicada personalmente, originando que se la pasara a estado pasivo, interpretando que la manifestación y difusión pública de opiniones colectivas sobre el servicio, configuraban actos subversivos. Cita doctrina y jurisprudencia. Sostiene que tampoco es idóneo para el presente caso el llamado amparo sindical del artículo 47 de la ley 23551, en tanto el mismo se refiere exclusivamente a las actividades comprendidas dentro de las libertades sindicales de aquellos cuyos derechos sindicales no están en discusión, y de algún modo ya gozan de ellos, pero que se ven entorpecidos o limitados por comportamientos “antisindicales”. Dice que conforme la jurisprudencia en este sentido, nunca se ha admitido un caso de amparo sindical pidiendo que se admita el derecho a sindicalizarse, o que se incluya a las actividades simplemente asociativas o comprendidas en géneros más amplios de libertad de expresión y/o reunión y/o asociación “con fines útiles”, que si bien pueden ser preparatorios para el ejercicio de la libertad de formar  un sindicato, pueden también no serlo, y en el caso de marras son también impedidas al ser sospechadas siempre de una finalidad sindical, política o, incluso, “subversiva”. Manifiesta que la prohibición inconstitucional es usada reiteradamente como excusa para impedir el ejercicio legítimo de estos derechos cuya violación aquí también se impugna y que ella ha sido hasta la fecha disuasivo suficiente, y generando como resultante la situación de total indefensión de los trabajadores del Servicio Penitenciario. Sostiene que la formación de sindicatos no acarrea ningún peligro a los servicios de seguridad del Estado y que de hacerse lugar a la presente pretensión el Gobierno Provincial logrará unificar los sujetos de diálogo frente a reclamos de los agentes penitenciarios, lo que sin duda es una garantía para el mejor y más sano funcionamiento del servicio. En cuanto a la oportunidad del planteo, sostiene que se trata de un supuesto de violación de derechos de carácter continuo e ininterrumpido, que se actualiza permanentemente por la sola vigencia y aplicación de la ley cuestionada y que es por ello que nunca alcanza a configurarse un acto lesivo único y circunstanciado (o bien él es de cuasi imposible denuncia dentro de un servicio activo militarizado y que requiere un “mártir” que se someta a las sanciones automáticas) a partir del cual pueda comenzar a contar el plazo de quince días hábiles estipulado por el art. 2 inc. e) de la ley provincial 4915. Cita jurisprudencia. En cuanto a la legitimación activa, sostiene que los derechos vulnerados cuya restauración se requiere, son de naturaleza asociativa y aunque puede pensarse en distintos trabajadores del Servicio Penitenciario accionando por separado y obteniendo pronunciamientos que solo causarían estado en relación a cada uno de ellos, es palmaria la inutilidad que tendrían estos esfuerzos individuales a los fines de la formación de una asociación propia del Servicio Penitenciario (aunque se habilitaría la afiliación a otros sindicatos, pero los relevantes, a la fecha, no admiten a personal de fuerzas armadas); que se trata de derechos colectivos y como tales su titularidad no es exclusiva de ningún trabajador del Servicio Penitenciario, sino que es propia de cada uno y compartida por todos ellos; que no hay posibilidad de divisibilidad jurídica del reclamo, aunque pudiera imaginarse la fáctica y que cualquier decisión que se tome al respecto en autos, tendrá inevitablemente efectos expansivos. Cita jurisprudencia. Sostiene que como miembro de ese grupo, reviste la calidad de afectada; tiene un interés concreto, directo y diferenciado y en defensa de su interés, que es el mismo que ostenta cada trabajador del Servicio Penitenciario, invoca su representación. Dice que su acción por un lado como afectada del grupo del personal del Servicio Penitenciario, y en conjunto con la Asociación Clínica Jurídica Córdoba, es en representación de ese interés colectivo, y se justifica en la necesidad de no exigir la intervención directa en este procedimiento de todos y cada uno de los trabajadores del Servicio Penitenciario, para preservarlos de las posibles sanciones que pesan sobre ellos; que la exigencia de actuación personal de cada afectado actúa como un fuerte desincentivo a la promoción de reclamos de este tipo, y así, como impedimento al goce de la tutela judicial efectiva.  Añade que en tanto, los destinatarios de las normas jurídicas son hombres y mujeres comunes, el respeto del derecho no tiene que requerir comportamientos heroicos, como serían el exigir que aquellos en servicio activo, inicien reclamos o actuaciones, siendo susceptibles de sanciones, en un marco laboral con garantías disminuidas. Por su parte, se sostiene que la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público, tiene entre sus objetivos “promover la práctica del Derecho de Interés Público, la defensa de los Derechos Humanos, el acceso igualitario a la justicia y la deliberación pública robusta sobre la constitución del Estado Democrático Argentino; denunciar violaciones a los derechos humanos o prácticas antidemocráticas, tramitar ante los Poderes Públicos y ante otras entidades representativas toda clase de gestiones que a juicio de los integrantes de la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba, sean de interés y beneficios para la misma, sus asociados y la comunidad”, conforme el art. 2 del Estatuto. En ese contexto, agregan que el derecho de asociación y su sucedáneo el derecho a la organización sindical, constituyen derechos humanos fundamentales, cruciales para completar la democratización de las instituciones del Estado y que en este orden de ideas, recurrir a las instituciones del Estado para alcanzar la democratización de instituciones del Estado todavía signadas por nuestro pasado autoritario, resulta crucial para el fortalecimiento de un Estado de Derecho. Manifiestan que la representación de estos colectivos, enunciados en el Estatuto de la Clínica, encuentra su legitimidad constitucional en el artículo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional.  Citan jurisprudencia. En cuanto a la legitimación pasiva, sostienen que procede la presente acción contra el Superior Gobierno, ya que por acción u omisión, el aparato estatal esta obligado a actuar bajo el principio de legalidad; que no sólo tomó parte activa en la sanción de la normativa sino que, a través del Ministerio de Justicia, desarrolla acciones –especialmente mediante la aplicación del régimen sancionatorio- que constituyen causa fundante de la desprotección jurídica de los agentes del Servicio Penitenciario, estimulando así una institución autoritaria y opresora. Sostienen que numerosos países poseen una rica experiencia institucional que demuestra que la asociación y/o sindicalización de los agentes de los servicios penitenciarios protegen los derechos individuales y colectivos de sus afiliados, en el marco de una organización constitucional y democrática del Estado; que países como Uruguay han inaugurado hace unos pocos años está sana práctica entre policías y penitenciarios y que hace bastante más tiempo ocurre lo mismo entre los Policías de España, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Australia, EEUU, Francia, e incluso Israel, también cuentan con este tipo de asociaciones, algunas de las cuales datan de principios del pasado siglo veinte. Expresan que una adecuada implementación de los principios del moderno Estado de Derecho exige un adecuado sistema carcelario y que el correcto proceder de las fuerzas de seguridad, depende de la realización de esos valores en su propio ámbito, otrora librado a la manipulación totalitaria de gobiernos de facto. Dicen que en todos los países citados se ha comprobado que la formación de sindicatos no acarrea ningún peligro a los servicios de seguridad del Estado y que, más aún, de hacerse lugar a la presente pretensión el Gobierno Provincial logrará unificar los sujetos de diálogo frente a reclamos de los agentes penitenciarios, lo que sin duda es una garantía para el mejor y más sano funcionamiento del servicio. Ofrecen prueba documental-instrumental y testimonial. Dejan planteado el Caso Federal  conforme a las prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación de las normas constitucionales individualizadas en la presentación.

A fs. 45, se imprime a la presente causa el trámite de ley y se ordena dar intervención a la Fiscalía Civil en función de las inconstitucionalidades planteadas.

A fs. 57/63,  comparece el Dr. Marcelo A. Cristal Olguín, en su carácter de Director de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro y manifiesta que en el carácter invocado y en mérito de las sustituciones de facultades otorgadas por el señor Fiscal de Estado (Res. Nº 003/04) y por el señor Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba (Res. Nº 001/04), evacua el informe previsto por el art. 8 de la ley 4915, con relación a la demanda de amparo promovida por Adriana Sandra Rearte (por derecho propio) y la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba), solicitando por las razones de hecho y de derecho que expresa, el rechazo de la demanda con costas. Dice que la demanda debe ser rechazada, atento que las actoras carecen de acción, defensa de fondo que formalmente opone al progreso de la acción, toda  vez que el art. 19 inc. 10) de la ley 8231 prohíbe al personal de Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba “agremiarse, o efectuar proselitismo sindical o político en el ámbito de la institución”, es decir que queda vedada al personal del Servicio Penitenciario la posibilidad de sindicación y del ejercicio de los demás derechos vinculados a ella. Precisa que la ley provincial se adecua en un todo a la normativa de la ley 20416 del Servicio Penitenciario Federal que en su art. 36 inc. 1) prohíbe a dichos agentes penitenciarios “formular peticiones, quejas o reclamos en forma colectiva, apartarse de la vía jerárquica…”. Sostiene que resulta totalmente improcedente aplicar la ley 23551, a los cuerpos de seguridad (nacionales o provinciales), en atención a que responden a una estructura piramidal y han sido creados a los fines de brindar seguridad al cuerpo social, razón por la cual no pueden asimilarse a los dependientes comunes a los cuales refiere dicha normativa. Manifiesta que no resulta aplicable la ley 23551, a los agentes públicos del servicio de seguridad provincial, debido a que integran una estructura de marcado orden jerárquico basado en la disciplina y en especial del ejercicio de la cadena de mandos que obviamente no resulta compatible con los conflictos colectivos o negociaciones convencionales que colocarían a dichas instituciones en estado deliberante que podría demorar decisiones cuya urgencia sea vital para la seguridad de las personas. Expresa que la OIT a través del Comité de Libertad Sindical, cuya doctrina debe tenerse en cuenta en atención a que ha sido dictada con fundamento en el Convenio número 87, ha interpretado que de su art. 9 inc. 1), se infiere que la Conferencia Internacional del Trabajo tuvo la intención de dejar que cada Estado adherente al convenio juzgue en qué medida considera oportuno acordar a los miembros de sus fuerzas armadas, de policía y de seguridad los derechos previstos en el convenio, ya que no están obligados a reconocer los derechos mencionados a esa categoría de personas. Agrega que la OIT (Convenio Nº 151 y Ley 23328), ha reservado el derecho de agremiación de las fuerzas de seguridad a la legislación Nacional de los respectivos países, distinguiendo claramente a dicho personal del resto de los empleados públicos (art. 1 punto 3 de la ley citada), de lege ferenda, y en un contexto de normalidad se puede avanzar a un nuevo modelo de organización, sin confundir el derecho de asociación gremial libre y democrática del art. 14 bis de la CN, ello atento la reserva formulada por el Estado Nacional en el art. 2 de la ley 23544. Dice que no resulta viable en la especie judicializar cuestiones que dentro del sistema republicano y federal se encuentran plasmadas en la Constitución Provincial y que deben ser resueltas por los representantes del pueblo, dentro de un marco de respeto por la división y equilibrio de poderes que respete sus respectivos espacios, antes de tener que recurrir a la decisión de los jueces por asuntos no judiciables (salvo vicios de legalidad y constitucionalidad). Añade que conforme lo establece la ley 8231 corresponde al Director del Servicio la conducción operativa y administrativa de la institución y que dicha normativa debe vincularse necesariamente a la Constitución Provincial, que establece que el señor Gobernador ejerce el poder de Policía de la Provincia, teniendo a su cargo la adopción de todas las medidas conducentes para conservar la seguridad y el orden, y una decisión como la que requieren las actoras importaría virtualmente la transición de dichas funciones a la órbita del Poder Judicial, con un resultado ciertamente no querido por la Constitución Provincial, que se sustenta justamente en el principio de la división de los poderes. Refiere que en el caso de autos, el personal del servicio penitenciario no puede por sí o por otra organización reconocida jurídicamente organizarse gremialmente, ser sujeto activo para concretar convenios colectivos, recurrir a la conciliación, al arbitraje o al derecho de huelga, aunque les esté permitido la libre expresión como a cualquier ciudadano, ya que no se puede afectar los servicios públicos, el orden social, ni la paz pública, valores a cuya tutela se halla a cargo el Estado por mandato constitucional. Expresa que en el caso del personal del Servicio Penitenciario Provincial, rigen principios y normas específicas, atento la función pública especial que los convoca y los deberes que la carrera de dicho personal de seguridad impone y que el pretender que se imponga judicialmente la obligación de no sancionar al personal del Servicio Penitenciario Provincial constituye un verdadero despropósito, contrario a los más elementales principios del derecho, con el agravante de estar ante una presentación formulada por una funcionaria que debe velar por el cumplimiento de las leyes. Agrega que además, la carga de acreditar la inexistencia de otras vías ordinarias que permitan obtener la protección que se pretende debe ser cumplida por quien demanda; y el perjuicio que implica la demora a que se ve sometida toda persona que reclama ante la justicia no obsta para excepcionar el uso de las vías normales, toda vez que se trata de una carga procesal común a todo aquel que acude pretendiendo el reconocimiento del derecho que le asiste. Dice por tanto, que la acción instaurada no resulta la más expedita, rápida y eficaz y que no exista otro medio judicial mas idóneo toda vez que en caso de conflicto respecto al ámbito de representación de los agentes de servicio penitenciario o de la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba debieron recurrir al Ministerio de Trabajo de la Nación única y excluyente autoridad de aplicación de la ley 23551, a los fines de solicitar su agremiación, y en su caso, a los estrados judiciales por vía ordinaria y no por vía sumarísima como lo pretenden las amparistas. Aclara que el art. 43 de la CN introducido por la reforma de mil novecientos noventa y cuatro, según la doctrina y la jurisprudencia, no implica la derogación en bloque de la normativa legal reguladora del proceso de amparo, tanto a nivel nacional como provincial, sino que mantiene su vigencia en la medida que no resulten contrarias a aquella. Cita doctrina. Dice que también resultan excluidas del ámbito del amparo las cuestiones que requieren un mayor ámbito de debate y prueba. Cita jurisprudencia al respecto. Argumenta que en igual sentido, se ha expresado que no resulta admisible la vía intentada cuando los perjuicios que puede ocasionar su rechazo no son otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona el reconocimiento judicial de sus derechos por los procedimientos ordinarios, ni cuando existan otras vías judiciales más aptas. Cita jurisprudencia. Sostiene que los presupuestos de admisibilidad no se han dado al momento de interponer el amparo, en la medida que se pretende el derecho a la organización sindical y la declaración de inconstitucionalidad del art. 19 inc. 10) de la ley 8231 y de los arts. 9 incs. 10) y 13, y 10 inc. 34 del Decreto 199/06. Cita doctrina y jurisprudencia al respecto. Sostiene que la evidencia de ilegalidad o arbitrariedad tiene que ser de tal magnitud que destruya dicha presunción, cuestión que no se ha evidenciado en autos. En función de ello, señala que la aplicación de la ley, jamás puede considerarse como un acto de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, altere, restrinja o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías constitucionales de la amparista. Sostiene que también carece de acción la “Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba”, atento que la misma no puede invocar la representación en el ámbito de la Provincia de Córdoba de los empleados del Servicio Penitenciario Provincial, ya que carece de legitimación activa para tal cometido, ello conforme surge del art. 2 de su Estatuto Social y que en definitiva las amparistas carecen de acción para pretender que el Tribunal autorice al Servicio Penitenciario Provincial a realizar los actos conducentes para obtener el ejercicio de su derecho a la asociación en sus diversas formas, incluido los derechos a la organización y/o formación de un sindicato, la comunicación de los derechos de los agentes, y la declaración de inconstitucionalidad del art. 19 inc. 10 de la ley 8231 y de su régimen disciplinario (decreto 199/06), por lo que la demanda debe ser rechazada, en todas sus partes con costas. Niega que a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial les asista el derecho a agremiarse y a efectuar proselitismo sindical dentro del ámbito de dicha institución, ello en virtud de lo normado por el art. 19 inc. 10 de la ley 8231, por tanto no les corresponde solicitar por vía de esta acción se los autorice a realizar los actos conducentes para obtener el ejercicio de su derecho a la asociación en sus diversas formas, incluidos los derechos a la organización y/o formación de un sindicato, la comunicación de los derechos de los agentes, y la declaración de inconstitucionalidad del art 19 inc. 10 de la ley 8231 y de su régimen disciplinario (decreto 199/06). Niega que a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial les este vedado el derecho a la información y que los mismos no tengan acceso a la legislación y reglamentación que rigen su actividad, y que por tal cometido desconozcan los derechos que les están reconocidos. Niega que la realización de un reclamo administrativo en el Servicio Penitenciario Provincial requiera de gran valentía por encontrarse los agentes en situación de alta vulnerabilidad ante abusos de sus superiores. Niega que los agentes en actividad del Servicio Penitenciario Provincial estén fuertemente disuadidos de defender sus derechos en virtud de amenazas de sanción por parte de sus superiores. Niega que la mayoría de los agentes del Servicio Penitenciario Provincial desconozca sus derechos por ser imposible acceder o conseguir el reglamento que rige su actividad. Niega que los derechos constitucionales de los agentes del Servicio Penitenciario Provincial, tal como el derecho a asociarse, queden coartados mediante una prohibición general que impida su propia crítica con la amenaza de sanciones por parte de su superioridad. Niega que la subordinación a la cadena de mandos existentes en el Servicio Penitenciario Provincial ubique a los agentes en un plano de vulnerabilidad respecto de sus superiores haciendo posible toda clase de abusos. Niega que la ley 8231 en su art. 19 inc. 10 contradiga los arts 31, 14, 14 bis y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, y que ello resulte atentatorio  contra el derecho  a la asociación sindical previsto en el art. 14 bis de la CN. Niega que el art. 19 inc. 10 de la ley 8231 sea fruto de una invasión a las competencias legislativas atribuidas al Congreso de la Nación por ser materia  de regulación Estado Federal. Niega que el dictado y reglamentación de la ley 8231, resulten violatorios de compromisos asumidos por la Nación en la esfera jurídica internacional, y en particular del Convenio 87 de la Conferencia Internacional del Trabajo aprobado por ley 14932. Sostiene que la OIT a través del Comité de Libertad Sindical, cuya doctrina debe tenerse en cuenta en atención a que ha sido dictada con fundamento en el Convenio 87,  ha interpretado que de su art. 9 inc. 1 se infiere que la Conferencia Internacional del Trabajo tuvo la intención de dejar que cada Estado adherente al convenio, juzgue en que medida considera oportuno acordar a los miembros de sus fuerzas armadas, de policía y de seguridad los derechos previstos en el convenio, ya que no están obligados a reconocer los derechos mencionados a esa categoría de personas. Agrega que la OIT (Convenio 151 y ley 23328), ha reservado el derecho de agremiación de las fuerzas de seguridad a la legislación Nacional de los respectivos países, distinguiendo claramente a dicho personal del resto de los empleados públicos (art. 1 punto 3 de la ley citada), de lege ferenda, y en un contexto de normalidad se puede avanzar a un nuevo modelo de organización sin confundir el derecho de asociación gremial libre y democrática del art. 14 bis de la CN, ello atento la reserva formulada por el Estado Nacional en el art. 2 de la ley 23544. Dice que la OIT ha dejado librado a sus países miembros la autorización o no de la sindicalización de sus fuerzas de seguridad, y la Argentina, ha optado legítimamente a nivel nacional y en consecuencia en todas sus jurisdicciones por el no reconocimiento de la agregación de dicho personal. Manifiesta que cabe a la propia estructura estatal y a quienes la dirigen, crear las condiciones necesarias para que los derechos que la Constitución otorga a todos los cordobeses, aún para quienes integran sus fuerzas de seguridad, puedan ser ejercidos razonablemente a través de las leyes que los reglamentan. Niega que la ley 8231 y el decreto 199/06, cuestionados en la demanda sean el resultado de un ejercicio de competencias que no posee el Poder Legislativo Provincial, y que ellos cercenen a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial, derechos reconocidos en forma general para todos los trabajadores, tal como el derecho a la libre asociación gremial, como así también que resulten violatorios de los derechos de libre expresión y de igualdad ante la ley contemplados en los arts. 14 y 16 de la CN. Niega que las normas disciplinarias y las sanciones contempladas en la ley 8231 y el decreto 199/06, constituyan mecanismos disuasivos, para evitar a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial el ejercicio de sus derechos constitucionales de organización sindical, la simple asociación, la libre expresión de ideas o peticionar ante las autoridades. Niega que la actora Adriana Sandra Rearte haya sido pasada a situación de retiro obligatorio sin causa explícita, ya que dicho pase a retiro se materializó por decreto del Poder Ejecutivo 1783 y en los términos de los arts. 115 inc. 1 y 7 de la ley 8231, concordantes con los arts. 24 inc. f y 26 inc. d del Reglamento del Régimen de Calificaciones Nº 4816/82 y del capítulo de la le 8024. Dice que todo lo relacionado implica el rechazo de la demanda promovida por las amparistas, ello en atención a que no surge de autos prueba alguna de la afectación a ningún derecho en particular. Ofrece prueba confesional y documental. Plantea Caso Federal.

A fs. 76/80, el representante del Superior Gobierno de la Provincia contesta el traslado conferido de las inconstitucionalidades planteadas por las amparistas. Sostiene que el planteo efectuado por la actora es improcedente desde el punto de vista formal, por cuanto para lograr justificar los reproches formulados, necesariamente debe efectuarse una concreta impugnación en función del principio de especificidad, es decir, que los agravios constitucionales deben ser demostrados de manera inequívoca, de forma que surja la lesión al orden normativo supremo, sea local o nacional. Dice que la petición de inconstitucionalidad debe estar suficientemente fundada y demostrada la lesión invocada y no como en el caso sub examen en que se sustenta en meras consideraciones generales, abstractas o simplemente teóricas; que todo planteo de inconstitucionalidad debe reunir los siguientes requisitos: a) Determinación expresa de la norma que lo agravia. b) La forma en que se produce dicho agravio. c) La demostración de la lesión al derecho o garantía constitucional que se considera vulnerada. Expresa que la petición de la actora no satisface los recaudos precitados y sólo trasunta la mera disconformidad con el contenido de las normas atacadas y con el legislador en orden a las facultades que le son propias, cuando los agravios de inconstitucionalidad deben ser demostrados de manera inequívoca, de forma que surja palmaria la lesión al orden normativo supremo local o nacional; que dichos agravios en la especie, no reflejan su aplicabilidad al caso concreto del sub examen, por lo que tal invocación también deviene abstracta, fundamentalmente por lo genérica e inespecífica y que tampoco menciona la actora agravio alguno; desde el punto de vista económico, que le ocasione la aplicación de la ley 8231. Agrega que la actora no cumplimenta con la carga procesal que le corresponde a quién formula tal petición: de que forma en el caso concreto se produce dicha conculcación y en función de que norma  de orden superior, ya que invoca los criterios de la ley 8231 como violatorias de la Constitución Nacional y Constitución Provincial, etc., sin que especifique de qué forma se produce tal lesión, tanto más cuando estamos en presencia de normas de disímiles contenidos. A su vez sostiene la improcedencia sustancial, argumentando que la normativa provincial cuya inconstitucionalidad se pide, no conculca ninguna garantía constitucional y la misma ha sido dictada en miras al bien común e interés general que debe primar necesariamente sobre todo interés sectorial o particular. Dice que la cuestión que se plantea en la sub lite, gira alrededor de las facultades del Poder Legislativo Provincial, el cual esta facultado por el art. 104 incs. 1º y 41 de la CP, para dictar todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagradas por la CP y poner en ejercicio los poderes concebidos al Gobierno de la Provincia. Añade que precisamente, la Provincia de Córdoba a través del dictado de la ley 8231, ha ejercido las facultades antes relacionadas y que son otorgadas por la ley fundamental. Refiere que dicha normativa debe vincularse necesariamente con la Constitución Provincial, que establece que el señor Gobernador ejerce el poder de policía de la Provincia, teniendo a su cargo la adopción de todas las medidas conducentes para conservar la seguridad y el orden, y una decisión como la que requieren las actoras importaría virtualmente la transición de dichas funciones a la órbita del Poder Judicial, con un resultado ciertamente no querido por la Constitución Provincial, que se sustenta justamente en el principio de la división de los poderes. Expresa que en primer lugar es necesario que el orden de prelación de las normas jurídicas que resulta de la organización federal del Estado, en cuya virtud la Constitución y las Leyes Provinciales que en su consecuencia dicta la Legislatura Provincial conforman la ley suprema de la Provincia, obligando al Poder Ejecutivo a conformarse a ellas. Dice que en tal orden de ideas el legislador provincial se encuentra habilitado para crear normas de fondo sin quebrantar el reparto de potestades estatuido por la CP, cuando ello resulta necesario para asegurar la efectividad de los derechos consagrados por la ley de fondo y que la ley 8231 no contradice lo normado por los arts. 5, 31, 14, 14 bis y 75 inc. 12 de la CN, ya que se adecua en un todo a la normativa de la ley 20416 del Servicio Penitenciario Federal que en su art. 36 inc. 1) prohíbe a dichos agentes penitenciarios “formular peticiones, quejas o reclamos en forma colectiva, apartarse de la vía jerárquica…”, precisando que la actora no ha cuestionado la validez constitucional de la referida normativa nacional. Sostiene que resulta totalmente improcedente aplicar la ley 23551, a los cuerpos de seguridad (nacionales o provinciales), en atención a que responden a una estructura piramidal y han sido creados a los fines de brindar seguridad al cuerpo social, razón por la cual no pueden asimilarse a los dependientes comunes a los cuales refiere dicha normativa. Manifiesta que la OIT a través del Comité de Libertad Sindical, cuya doctrina debe tenerse en cuenta en atención a que ha sido dictada con fundamento en el Convenio 87, ha interpretado que de su art. 9 inc. 1) se infiere que la Conferencia Internacional del Trabajo tuvo la intención de dejar que cada Estado adherente al convenio juzgue en que medida considera oportuno acordar a los miembros de sus fuerzas armadas, de policía y de seguridad los derechos previstos en el convenio, ya que no están obligados a reconocer los derechos mencionados a esa categoría de personas. Expresa que la OIT (Convenio Nº 151 y Ley 23328), ha reservado el derecho de agremiación de las fuerzas de seguridad a la legislación nacional de los respectivos países, distinguiendo claramente a dicho personal del resto de los empleados públicos (art. 1 punto 3 de la ley citada), de lege ferenda, y en un contexto de normalidad se puede avanzar a un nuevo modelo de organización sin confundir el derecho de asociación gremial libre y democrática del art. 14 bis de la CN, atento la reserva formulada por el Estado Nacional en el art. 2 de la ley 23544. Dice que cuando la Legislatura Provincial sanciona una ley que no priva a los particulares de los beneficios legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad, y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esos poderes, por tanto no hay violación a los arts. 14 y 14 bis de la CN. Añade que en el sistema constitucional argentino no hay derechos absolutos y todos están subordinados a las leyes que reglamenten su ejercicio (fallos 136- 161); que tal ha sido el criterio seguido por el legislador nacional al elaborar la ley 20416 y, justamente en uso de dicha facultad, además de las ya relacionadas de jerarquía constitucional, ha dictado la Legislatura provincial la ley 8231. Señala que el Tribunal se extralimitará en su función de juzgar, si hace lugar a lo solicitado, al incursionar en la esfera del Poder Legislativo atentando contra el sistema Federal de Gobierno y el régimen de la división de poderes. Refiere que la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal Nacional en materia de control judicial de la razonabilidad, se limita a verificar si el medio elegido para tal o cual fin es razonable, proporcionado y conducente para alcanzar ese fin, sin entrar a analizar si ese medio elegido pudo o puede ser reemplazado por otro, que, igualmente conducente y proporcionado al mismo fin, resulte menos gravoso para el derecho que se limita. Arguye que la Corte, en materia de control judicial de razonabilidad, no efectúa tal comparación, porque estima que pertenece al exclusivo criterio de los órganos políticos (Congreso y Poder Ejecutivo) seleccionar el que a su juicio le parezca mejor o más conveniente. Basta que el escogido guarde razonabilidad suficiente con el fin buscado para resultar constitucionalmente eficaz y válido. Concluye en que en el presente caso no se configuran los supuestos que deben concurrir para que la legislación aplicable sea declarada inconstitucional, pues como ha demostrado no existe agravio constitucional que amerite tal declaración, por lo que una vez más solicita sea rechazado el planteo. Resalta que las funciones jurisdiccionales ejercidas por la Administración son legítimas y están admitidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a condición de que cuando los órganos de la administración obren como jueces, haya siempre una instancia de revisión o recurso ante un órgano del poder judicial, tal como ocurre en el caso analizado. Dice que nuestro modelo no es de control de constitucionalidad en abstracto, por eso el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad en materia de fondo es un tema de sentencia definitiva, luego de la substanciación de la causa, la producción de la prueba y la debida acreditación de los mismos con el agravio y daño producido. Nuestro sistema no admite control en abstracto por lo que lo peticionado por el actor carece de fundamento real y deberá ser rechazado por el Tribunal al dictar sentencia; que siendo el pedido incoado ajeno al presente reclamo, el Tribunal no deberá resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la mencionada ley ya que ningún agravio han expresado el actor sobre el particular siendo preciso destacar nuevamente que formuló planteos “genéricos” de inconstitucionalidad lo que de ninguna manera pueden ser acogidos. Expresa que todas y cada una de las inconstitucionalidades planteadas por la parte actora de manera alguna cercenan, coartan o impiden ejercer sus derechos, como tampoco le impiden el acceso a la justicia, todo el cual exime de mayores comentarios. Cita jurisprudencia. Sostiene que la normativa atacada no resulta violatoria de los derechos consagrados en los arts. 5, 31, 14, 14 bis y 75 inc. 13 de la CN, por lo que dicho planteo debe desestimarse, toda vez que no existe violación a los derechos constitucionales invocados, no existe ningún tipo de desigualdad, toda vez, que la igualdad es para todos los sujetos comprendidos en una misma categoría, entidad o grupo, es decir, que están en una situación que es corriente a todos. Dice que la ley 8231, comprende a todas las categorías de personal que se desempeñan en el Servicio Penitenciario Provincial, quedando al margen todas aquellas que no reúnan esas condiciones. Agrega que tampoco resulta discriminatoria la norma cuestionada, ya que nada le impide al trabajador accionar a fin de hacer valer sus derechos conforme los preceptos de la ley 8231 y su reglamentación y atendiendo los condicionamientos que sean inherentes a la norma. Sostiene que se deben rechazar los planteamientos de inconstitucionalidad efectuados, declarándose la plena validez de las disposiciones legales cuestionadas en la demanda, con costas a la actora.

A fs. 81/83vta., contesta el traslado de las inconstitucionalidades planteadas por las amparistas, la señora Fiscal en lo civil de Segunda Nominación. Manifiesta que tal como lo ha resuelto la CSJN, sólo cabe admitir la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto cuando a través de un acabado examen del mismo conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía comprometida (fallos: 315/923), de manera que corresponde al Juez extremar los recaudos, previo a una declaración de inconstitucionalidad. Cita jurisprudencia del Excmo. TSJ. Añade que lo expresado precedentemente, es como consecuencia lógica de la gravedad institucional que importa la declaración de inconstitucionalidad de una ley, ordenanza o acto administrativo. Cita jurisprudencia de la CSJN. Expresa que se advierte así entonces, la necesidad de la debida fundamentación del planteo, de modo tal de acreditar la supuesta irrazonabilidad que emerge entre la disposición atacada y el derecho constitucional supuestamente vulnerado, lo que en la especie no ha ocurrido. Sostiene que es sabido que las garantías constitucionales que estable el art. 14 bis de nuestra Carta Magna, lo son conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, desde que el derecho a la “organización sindical libre y democrática” es pasible de reglamentación normativa, y que necesariamente se lo debe armonizar con las demás garantías y derechos que la Constitución estatuye, ya que el ejercicio de las consecuencias que puede acarrear la organización sindical, puede afectar sustancialmente la continuidad de servicios públicos, el orden social, la paz pública, etc., aspectos estos que necesariamente a su vez deben ser resguardados por el Estado en su función inherente. Manifiesta que surge de los términos de la norma en crisis, la prohibición que pesa sobre el personal penitenciario en actividad, de agremiarse o efectuar proselitismo sindical en la órbita del Servicio Penitenciario de la Provincia, disposición ésta que en modo alguno vulnera el principio de supremacía constitucional que establece el art. 31 de la ley fundamental, y referido específicamente a los tratados celebrados por nuestro País con potencias extranjeras, desde que la Organización Internacional del Trabajo (OI.T), a través de sus resoluciones ha dejado librado a sus países miembros la autorización o no de la sindicalización de las fuerzas de seguridad, habiendo optado la Argentina mediante lo prescripto por la ley 20.416 (art. 36 inc. “i”) por el no reconocimiento de la organización sindical. Cita jurisprudencia. Dice que no se advierte colisión de la norma cuestionada, tanto respecto del ordenamiento jurídico nacional, como en relación al supranacional y, además, que evidentes razones vinculadas con la seguridad pública aconsejan impedir la agremiación pretendida. Agrega que es en este sentido donde cabe preguntarse, cuáles serían las consecuencias en supuestos en que el personal del Servicio Penitenciario, haciendo uso de prerrogativas que otorga el derecho a agremiarse, se llegara a medidas de fuerzas extremas, como por ejemplo el derecho a huelga. Manifiesta que indudablemente la respuesta torna razonable el impedimento que consagra la legislación provincial y nacional, superando largamente el test de razonabilidad a que toda norma se encuentra sometida bajo el control jurisdiccional. Expresa que importa sin más la pretensión actora, la desnaturalización misma de una de las instituciones del Estado, con el consiguiente perjuicio que ello puede traer aparejado para la sociedad en su conjunto. Añade por otro costado, que introduce la amparista, cuestiones que atañen a la problemática que rodea al Servicio Penitenciario en general, y a la impetrante en partícula, pero que a tenor de la organización que recae sobre dicha institución, pueden aquellos ser canalizados a través de la vía jerárquica, en donde es dable suponer, que quienes la conducen dentro de un régimen democrático, sepan aportar en el caso concreto las respuestas necesarias y adecuadas a los reclamos del personal. Concluye en que corresponde ser desechada sin más, la tacha intentada en autos.

Proveída la prueba ofrecida y diligenciada la que obra en estos obrados, dictado y firme el decreto de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO: I) Que Adriana Sandra Rearte por derecho propio y Mariela Puga en representación de la “Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba”, han interpuesto acción de amparo colectivo en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, persiguiendo que previos los actos y trámites de ley se autorice al personal del Servicio Penitenciario de la Provincia a realizar las conductas tendientes al ejercicio de su derecho a la asociación en sus diversas formas, incluidos los derechos a la organización y/o formación de un sindicato de empleados del Servicio Penitenciario; el correlativo derecho de cada trabajador a afiliarse, y se ordenen las medidas convenientes a tal fin; declarando la inconstitucionalidad de la proscripción legal general contenida en el art. 19 inc. 10 de la ley 8231 y de las sanciones a conductas preparatorias y formales indispensables para estos objetivos (Art. 9 incisos 10 y 13, y Art. 10 inc. 34, del Régimen Disciplinario aplicable al Personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, decreto 199/06, interpretados a la luz de la prohibición que se impugna). Por su parte, el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, planteó falta de acción por parte de las accionantes; sostuvo la atribución de la Provincia para dictar la normativa atacada y la prohibición de sindicalización del servicio penitenciario que se reprocha; solicitando en definitiva el rechazo de la demanda y de los planteos de inconstitucionalidad efectuados. A su turno, la señora Fiscal civil interviniente, dictaminó que corresponde el rechazo del planteo constitucional efectuado. Así sucintamente queda expuesta la forma en que se trabó la litis.

II) Que así planteadas las cuestiones, prima facie cabe recordar que a partir de la reforma de la Constitución Nacional operada en el año mil novecientos noventa y cuatro, la acción de amparo tiene rango constitucional y a tenor de ella “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley ...” (Artículo  43 C.N.).

Ante tan significativa reforma constitucional, si bien la doctrina no es conteste en que las preexistentes normas de inferior rango referidas a la acción de amparo, dictadas con posterioridad a su recepción pretoriana, mantienen vigencia en todo cuanto no se contrapongan al texto del artículo 43 de la Constitución Nacional reformada, la jurisprudencia se ha manifestado mayoritariamente en ese sentido. “... no obsta la vigencia de las normas reglamentarias anteriores, en tanto éstas no se opongan a la letra, a su espíritu o resulten incompatibles con el remedio judicial instituido en el citado precepto constitucional como un instrumento ágil, eficaz y expeditivo para asegurar la vigencia cierta de los derechos constitucionales.” (Ver TSJ en pleno, Sentencia número Cincuenta y siete del dieciocho de mayo mil novecientos noventa y nueve in re “Miranda Liliana y otros / Municipalidad de Córdoba – Amparo – Cuestión de competencia, Recurso Directo; Sentencia número ciento veintiuno del quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve in re “Acción de Amparo interpuesta por José Martín Carabajal y otros contra la ley 8575. Recurso de casación e inconstitucionalidad; y otros, citados por Keselman-Marcellino, El Amparo en la jurisprudencia del TSJ de Córdoba, Editorial Marcos Lerner Editora Córdoba, impreso en septiembre del 2001, páginas 24/25).

III) Que conforme a lo dicho, corresponde ingresar en el tratamiento de la causa traída a estudio para resolver, verificando los presupuestos de admisibilidad que surgen del citado artículo 43 de la Constitución Nacional y de la Ley Provincial 4915, con la salvedad apuntada precedentemente. Ello, ya que si bien la acción fue admitida al momento de su interposición (fs. 45), nada obsta a que los presupuestos de admisibilidad sean revisados en oportunidad del dictado de la sentencia. Al respecto, seguiré el orden predispuesto por el artículo 2 de la ley 4915.-

Así pues, en primer término y sin perjuicio de no haber sido materia de cuestionamiento por las partes, la competencia del Tribunal se ajusta a las normas reglamentarias que regulan la materia (Vid. Art. 4 Ley 4915 y Acordadas del Tribunal Superior de Justicia dictadas al efecto).

En cuanto a la legitimación activa, debe tenerse presente que se trata de una acción de amparo colectivo, interpuesta conjuntamente por una persona física –Adriana Sandra Rearte-, empleada del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, quién invoca la calidad de afectada en función de haber sido pasada a situación pasiva y luego a situación de retiro obligatorio, por haber desplegado actividades tendientes a la sindicalización del Servicio Penitenciario de la Provincia; y por una persona jurídica -Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba-, debidamente registrada conforme a la ley, y que tiene entre sus fines estatutarios “c) * Promover la práctica del Derecho de Interés Público, la defensa de los Derechos Humanos, el acceso igualitario a la justicia y la deliberación pública robusta sobre la constitución del Estado Democrático Argentino” y “e) *Desarrollar estrategias que utilicen al derecho como medio para lograr cambios en las prácticas sociales y económicas que atentan contra los Derechos humanos, el principio de igualdad ante la ley y la transparencia de las instituciones públicas”(vid fs. 20 y 27), por lo que a mi modo de ver y de conformidad a lo dispuesto por el citado artículo 43 de la Constitución Nacional, las actoras se encuentran suficientemente legitimadas para el planteamiento de la presente acción, correspondiendo desestimar la excepción de falta de acción interpuesta por el Superior Gobierno de la Provincia, sin perjuicio de cómo se resuelva en definitiva la causa.

En efecto, la excepción de falta de acción, en cuanto defensa de índole sustancial, procede en los supuestos de defecto de legitimación sustancial, por ausencia del derecho, vínculo jurídico o título que invoca el actor como fundamento de su pretensión (conf. Zavala de González, Matilde “Doctrina Judicial-Solución de Casos 2- pág. 254). Couture, expresa que de “acción” en el sentido procesal, se puede hablar cuando menos en tres acepciones distintas, como sinónimo de pretensión, como sinónimo de facultad de provocar la actividad de la jurisdicción y como sinónimo de derecho, y precisamente respecto de esta, refiere que “es el sentido que tiene el vocablo cuando se dice “el actor carece de acción”, o se hace valer la “exceptio sine actione agit”, lo que significa que el actor carece de un derecho efectivo que el juicio deba tutelar” (Vid Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Depalma, 1981, p. 60). Por su parte, Carlo Carli, citando a Colombo sostiene que “La falta de legitimación para obrar (legitimatio ad causam) consiste en la ausencia de la cualidad de titular del derecho de pretender una sentencia favorable respecto de lo que es objeto del litigio, cualidad que en la generalidad de los casos coincide con la ritualidad de la relación jurídico-sustancial” y agrega “Generalizando, pues, la falta de legitimación para obrar consiste en la ausencia de cualidad, sea porque no existe identidad entre la persona del actor y aquella a quién la acción está concedida o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede” (Vid Carli, La demanda civil, Editorial Aretua Lex, 2003, p. 226). A su vez, el T.S.J. ha dicho que “la defensa de falta de acción -sine actione agit- es una defensa de fondo desde el momento que mediante la misma se controvierte la legitimación sustancial activa o pasiva, sobre la base de argüir que el actor o el demandado no son los titulares de la relación jurídico-sustancial en la que se funda la pretensión. Por lo que el Tribunal debe meritar si el actor o el demandado estaban investidos de la legitimatio ad causam, lo que se traduce en juzgar sobre la existencia misma de la identidad entre la persona a quien la ley confiere la acción y quien la ejerce o contra quien la interpone. La verificación de la calidad de titular del derecho subjetivo o del interés legítimo del actor o la calidad de obligado del demandado es determinante para la admisión o no de la defensa” (Iriart, Pedro Juan c/ Banco Social de la Provincia de Córdoba y otra – Plena Jurisdicción - Recurso de apelación" (Expte. Letra "I" - Nº 01, iniciado el ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho). Asimismo, en materia específica de acciones de amparo  “... quién alega la violación de un derecho –en este caso de raigambre constitucional- debe acreditar la titularidad de la relación jurídica en virtud de la cual reclama la satisfacción de su pretensión (el cese de la violación, amenaza o turbación a su derecho), es decir su legitimación activa.” (Salgado – Verdaguer, Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad, 2da. edición, 1ra. reimpresión, Editorial Astrea, pág. 161).

En tal contexto, vale precisar que el Representante legal del Estado provincial funda la defensa de fondo de falta de acción en que el artículo 19 inciso 10 de la ley 8231 prohíbe al personal del Servicio Penitenciario de Córdoba “agremiarse o efectuar proselitismo sindical o político en el ámbito de la institución”, dispositivo que precisamente es materia de reproche constitucional por parte de las accionantes, por coartar “el derecho de los trabajadores a una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial” previsto por el art. 14bis de la C.N., de modo que la propia parte demandada arguye como fundamento de la defensa de falta de acción, la prohibición de la ley orgánica del Servicio Penitenciario de la Provincia que impide al personal penitenciario desplegar un derecho reconocido por la Constitución Nacional en cabeza de todo trabajador, por lo que prima facie y, como se dijo, sin perjuicio de cómo se resuelva la causa en definitiva, la representación del colectivo de trabajadores penitenciarios,  por quién invoca la calidad de afectada en función de haber sido sancionada por desplegar la actividad prohibida por la ley provincial, pero reconocida por la Constitución Nacional, como por la Asociación que propende a la defensa de tales derechos, legitima suficientemente a las accionantes. Debe tenerse en cuenta que como señala Bidart Campos, cuando el interés es común o colectivo o de pertenencia difusa, el dueño único desaparece y, por lo tanto, cada sujeto en el cual incide en común con otros, es afectado y en consecuencia tiene expedita la acción de amparo (vid Bidart Campos, La legitimación procesal activa en el párrafo segundo del art. 43 de la Constitución nacional, ED, 166-860).

Con relación a la vía elegida, el criterio dominante es que la acción de amparo, no obstante su recepción constitucional, mantiene el carácter subsidiario o excepcional que se le reconocía mayoritariamente con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional del año mil novecientos noventa y cuatro. Esto es, a tenor del citado artículo 43 de la Constitución Nacional, la procedencia de la acción de amparo -sin perjuicio de la verificación en el caso concreto de los presupuestos de admisibilidad formal y sustancial- está subordinada a que no exista un medio judicial más idóneo para proteger o restablecer el derecho que se dice conculcado.

Así, en consonancia con el artículo 2 inciso “a” de la ley 4915, para enervar la vía elegida, el Superior Gobierno de la Provincia plantea la existencia de otros remedios judiciales o administrativos más idóneos, sosteniendo que las accionantes no han cumplido la carga de acreditar la inexistencia de otras vías ordinarias que permitan obtener la protección que se pretende y que el perjuicio que implica la demora a que se ve sometida toda persona que reclama ante la justicia no obsta para excepcionar el uso de las vías normales, toda vez que se trata de una carga procesal común a todo aquel que acude pretendiendo el reconocimiento del derecho que le asiste; que la acción instaurada no resulta la más expedita, rápida y eficaz y que no exista otro medio judicial mas idóneo toda vez que en caso de conflicto respecto al ámbito de representación de los agentes de servicio penitenciario o de la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba debieron recurrir al Ministerio de Trabajo de la Nación única y excluyente autoridad de aplicación de la ley 23551, a los fines de solicitar su agremiación, y en su caso, a los estrados judiciales por vía ordinaria y no por vía sumarísima como lo pretenden las amparistas; que resultan excluidas del ámbito del amparo las cuestiones que requieren un mayor ámbito de debate y prueba y que los presupuestos de admisibilidad no se han dado al momento de interponer el amparo, en la medida que se pretende el derecho a la organización sindical y la declaración de inconstitucionalidad del art. 19 inc. 10) de la ley 8231 y de los arts. 9 incs. 10) y 13, y 10 inc. 34 del Decreto 199/06.

Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que “Si bien es cierto que frente al texto del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional no puede sostenerse que la inexistencia de una vía idónea para la tutela del derecho que se invoca como conculcado, configure un requisito de la acción de amparo, no cabe admitir dicha acción cuando esa protección es susceptible de ser obtenida a través de otro procedimiento administrativo o jurisdiccional –en el caso, acción contenciosadministrativa- que frente a las particularidades del caso se presente como el más idóneo” (TS Córdoba, 2003/05/22, Peralta Saturnino R. y otros c/ Municipalidad de Río Tercero, Revista Jurídica La Ley 2003, pág. 1378).

No obstante, tal doctrina judicial del máximo Tribunal Provincial no deviene obligatoria para los jueces, en tanto se ofrezcan fundamentos que no han sido valorados por el Alto Cuerpo. “Nuestro sistema casatorio no tiene impuesto legalmente valor vinculante, más elementales razones de economía procesal aconsejan el acatamiento de la doctrina casatoria, salvo que se adujeren razones justificadas para su apartamiento y aun la emanada de materia constitucional, desde que el T.S.J. es el último intérprete de tales normas” (T.S.J., 18/12/97, voto del Dr. Sesín, F. de C. 43-108, citado por Martínez Crespo Mario “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba Ley 8465, Editorial Advocatus, año 2000, página 438). Máxime cuando el propio Alto Cuerpo también ha dicho “La acción de amparo no es admisible por la sola invocación del derecho lesionado, ni debe ser desestimada por la sola existencia de acciones o recursos comunes, pues su procedencia transita por el estrecho carril de aquellos casos en que a la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta se suma la excepcional ineficacia de las vías reparadoras ordinarias” (TS Córdoba, 2003/05/22, Peralta Saturnino R. y otros c/ Municipalidad de Río Tercero, Revista Jurídica La Ley 2003, pág. 1378). Así, anticipo que desecho las posiciones que mantienen la vía administrativa, que pudiera ser considerada idónea en el caso concreto para salvaguardar el derecho en crisis, para resolver en desmedro de la acción de amparo intentada. Ello por cuanto a mi entender, el texto del artículo 43 de la Constitución Nacional es suficientemente claro para no requerir interpretación mas allá de la pragmática literal. Es un supuesto de lo que Jerzy Wróblewski llama situación de isomorfia, respecto de la cual no existe un verdadero conflicto interpretativo “Sucede lo mismo en el discurso jurídico ejemplificado en la decisión judicial justificada. En algunos casos no hay dudas de interpretación y no se discute ningún problema referente al significado de las reglas utilizadas, pero también se dan situaciones en las que surgen controversias sobre el significado de esas reglas. A lo primero se le puede llamar , a los segundo .” (Wróblewski Jerzy, “Constitución y teoría general de la interpretación jurídica”. Traducción de Arantxa Azurza, Editorial Civitas S. A., Madrid 1988, página 23). Agrega dicho autor “En resumen: los textos formulados en lenguaje legal se interpretan cuando pragmáticamente no son lo bastante claros para los fines de comunicación en determinados contextos” (Obra y autor citados, página 26). La moderna doctrina constitucionalista se enrola en esta posición. “Es de destacar que ahora ha desaparecido por imperio de la propia Constitución, en los amparos interpuestos contra el Estado, la obligación de agotar la vía administrativa como requisito previo para conseguir el acceso a la instancia judicial. Para fundar nuestra afirmación nos apoyamos exclusivamente en la letra del nuevo texto constitucional, cuando con claridad –como ya se ha visto- expresa que sólo es factible hacer lugar a esta acción ante la inexistencia de otro medio judicial que garantice el éxito esperado. Por lo tanto el constituyente ha despejado toda duda sobre el particular en tanto y en cuanto sitúa el cotejo que debe hacer el magistrado interviniente para definir la viabilidad del recurso, exclusivamente entre los remedios jurisdiccionales, quedando sin posibilidad de consideración lo ocurrido en el ámbito administrativo.” (Ver, “El amparo como garantía para la defensa de derechos fundamentales”, por Daniel Alberto Sabsay, Revista de Derecho Procesal (5) Amparo. Hábeas data Hábeas corpus – II, Editorial Rubinzal Culzoni Editores, Página 29). No obstante, aún en la hipótesis de considerarse que no cabe el principio interpretatio cessat in claris o clara non sunt interpretanda, desde un punto de vista sistemático, la que se propugna es la interpretación que aparece más armónica y razonable con los fines que se tuvieron en cuenta con la reforma constitucional operada en el año mil novecientos noventa y cuatro, incorporando a la carta magna la figura del amparo como una acción expedita y rápida contra la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares, que amenacen, restrinjan, alteren o lesionen derechos o garantías que emanan de la Constitución, los tratados o las leyes, conjuntamente con la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y contra actos de discriminación o que afecten derechos de titularidad colectiva, de lo que se desprende que el Constituyente ha querido despejar el camino a una pronta respuesta al acto o la omisión lesiva, ante su marcada evidencia, para lo cual, la vía jurisdiccional se presenta como definitoria, máxime cuando el reproche administrativo debería estar dirigido a la propia autoridad a la que se atribuye el acto o la omisión lesiva, pues son los jueces la mayor garantía para los ciudadanos, son los jueces quienes con poder de imperium y actuando en el marco de sus atribuciones y de la pregonada independencia del Poder Judicial, pueden hacer cesar en forma pronta y eficaz el acto o la omisión lesiva y reparar sus efectos. Ha dicho el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en autos "Marek Luis y otro c/ Provincia de Córdoba – Ordinario – Cuerpo de Ejecución – Recurso de Inconstitucionalidad” (M–32/02) “Es que la interpretación "conforme" es un principio que se deriva directamente de la Constitución como norma que confiere fundamento y unidad al ordenamiento jurídico (vid. María Luisa Balaguer Callejón, "Interpretación de la constitución y ordenamiento jurídico", Tecnos, Madrid, 1997, pág. 111). Tal principio o máxima de hermenéutica posibilita que, de entre varios entendimientos posibles de una regla de derecho, el intérprete opte por aquel que "mejor se acomode a los dictados constitucionales" (Jiménez Campo, J., "Enciclopedia jurídica básica", Madrid 1995, pág. 3681)”.

En el caso de autos, la postura del Superior Gobierno de la Provincia, en cuanto a que las accionantes debieron efectuar un planteo administrativo previo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación –como autoridad de aplicación del régimen de Asociaciones Sindicales estatuido por la ley 23551- y en su caso, a los estrados judiciales por vía ordinaria; no sólo no enervaría la viabilidad de la acción de amparo el planteo administrativo, conforme lo dicho supra, sino que las conductas sugeridas pondrían a/los peticionantes en infracción grave o gravísima, en función de las normas legales cuya inconstitucionalidad se postula en autos. Concluyo pues, en que el texto de la norma constitucional es suficientemente claro en cuanto establece “... siempre que no exista otro medio judicial más idóneo...” y no admite que por vía interpretativa se pretenda introducir un recaudo impeditivo, que el Constituyente no previó. En consecuencia, para enervar la acción de amparo sólo se requiere la existencia de otro medio judicial apto para la tutela de los derechos que se dicen avasallados y que a su vez, ese otro medio judicial sea más idóneo. En ese orden, asiste razón a las accionantes en cuanto a que el planteo efectuado no engasta en las pautas de admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad estatuida por el artículo 165 apartado 1 inciso a) de la Constitución Provincial, no sólo por el alegado carácter preventivo de dicha acción, sino por cuanto la inconstitucionalidad que se postula es por la inadecuación de las normas en crisis respecto de los artículos 5, 31, 14, 14 bis y 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, esto es, materia que no es regida por la Constitución Provincial. También asiste razón a la parte actora en cuanto a la inaplicabilidad al caso de lo normado por el artículo 47 y concordantes de la ley  23551, pues no se está frente a acciones que impidan u obstaculicen el ejercicio de la libertad sindical, en el marco establecido por dicha ley,  sino de la prohibición de agremiarse o efectuar proselitismo sindical y por ende, de afiliarse a un sindicato ya constituido o de realizar los actos previos a la conformación de un sindicato, cuestiones no alcanzadas por dicho dispositivo y sus concordantes.

Lo dicho es sin perjuicio de considerar, como lo he manifestado en anteriores pronunciamientos, que en circunstancias como las de autos, donde sólo resta el pronunciamiento judicial, pues la acción fue admitida y sustanciada, aparece como irrazonable sostener la existencia de un medio judicial más idóneo para resolver el caso, de resultar manifiesta la arbitrariedad o ilegalidad del acto o la omisión lesiva del derecho que se dice conculcado, aún por una elemental razón de economía procesal.

Por otra parte, no se advierte prima facie que la intervención del Poder Judicial comprometa directa o indirectamente la regularidad, continuidad o eficacia de la actividad esencial del Estado en materia de seguridad pública. En efecto, no cabe derivar sin más, ni directa ni indirectamente, que de la existencia de un sindicato de personal penitenciario o de las fuerzas de seguridad, se pondrá en jaque la regular prestación del servicio de seguridad. Debe tenerse en cuenta al respecto, que han existido acuartelamientos de personal de seguridad o circunstancias como el cruento motín ocurrido hace poco tiempo en un establecimiento carcelario de esta ciudad, que no han sido consecuencia de actividad sindical, sino que, por el contrario, posiblemente no se hubieran producido de existir entidades gremiales que canalicen los reclamos colectivos del personal de seguridad, con los límites y alcances que corresponda establecer.

Tampoco, a mi entender, existe en el sub lite la necesidad de un mayor debate o prueba, pues primordialmente se trata de una cuestión de puro derecho y la declaración de inconstitucionalidad de las normas en que se funde el acto lesivo, está prevista por el propio artículo 43 de la Constitución Nacional.--------

En cuanto a la temporaneidad o extemporaneidad de la acción de amparo, no obstante que la accionada no ha objetado tal extremo, cabe interpretar que la situación lesiva que se invoca es de aquellas que tienen aptitud para renovarse periódicamente o sin solución de continuidad y si bien fue originada tiempo antes de recurrir a la justicia, se mantiene al momento de accionar y también en el tiempo siguiente.

IV) Que habiendo tratado los presupuestos de admisibilidad de la acción de amparo aplicables al caso, atento las conclusiones arribadas, corresponde ingresar al tratamiento sustancial del amparo interpuesto en autos. Al respecto, la cuestión se centra en la prohibición establecida por la ley 8231, que estatuye el régimen legal del Servicio Penitenciario de la Provincia, en su artículo 19 inciso 10, en cuanto prevé “Art. 19. - Queda prohibido al personal penitenciario en actividad: ... 10. Agremiarse, o efectuar proselitismo sindical o político en el ámbito de la institución. ...”, prohibición que prima facie contraviene los postulados del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en tanto prevé que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabador: ... organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. ...” y, asimismo, a las sanciones que prevé el régimen disciplinario del Personal Penitenciario, esto es, artículo 9 incisos 10 y 13 y artículo 10 inciso 34 del decreto 25/76, aplicables al Personal Penitenciario de conformidad al decreto 199/06, interpretadas teniendo en miras la prohibición objeto de reproche,  normativa respecto de la cual las amparistas solicitan su declaración de inconstitucionalidad.

A los fines de abordar dicho planteo constitucional, dejo constancia que reconozco como directriz lo pautado por la CSJN, en orden a que “la declaración de inconstitucionalidad constituye -por importar un acto de suma gravedad institucional- una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, la “última ratio” del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía” (CSJN in re “Cocchia Jorge D. v.  Nación Argentina y  otro”; Fallos: 316:2624). Siguiendo en este orden de ideas y atento la naturaleza del planteo objeto de resolución, resulta necesario examinar en concreto el caso traído por la parte, pues “no corresponde al poder judicial efectuar declaraciones generales o en abstracto respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes que dicta el congreso, sino solamente en relación a la aplicación de estas al caso concreto” (Bianchi, Alberto; “Está en crisis el sistema clásico del control de constitucionalidad? Pag. 1098). Desde esta perspectiva, también cabe precisar que la parte que peticiona la declaración de inconstitucionalidad, debe cumplir no solamente con la carga de afirmación, sino también con la de acreditar los extremos de su denuncia. Por otra parte, también debe señalarse que es un principio liminar del Estado de Derecho la atribución de los jueces de salvaguardar las garantías y derechos de rango constitucional, declarando la inconstitucionalidad de aquellas leyes que los avasallen o restrinjan irrazonablemente. Por ello, si en un caso concreto sometido a la competencia del Juez se advierte que la aplicación de una ley trae aparejada la vulneración de un derecho individual específicamente salvaguardado por la C.N., corresponde se declare su inconstitucionalidad por resultar contraria a la Ley Suprema de la Nación.-

Conforme a lo dicho, la legitimidad de las amparistas para efectuar los planteos constitucionales articulados, surge clara desde que el derecho del colectivo que representan a una “organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”, se encuentra prima facie limitado o restringido por las normas que tildan de violatorias del régimen constitucional.

En ese marco, anticipo que se verifica el conflicto normativo que denuncian las amparistas, correspondiendo acoger los planteos constitucionales efectuados. Ello, en primer término por cuanto el dispositivo constitucional refiere a todo trabajador, sin exclusiones, y si bien el Convenio número 87 adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, referido a la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, aprobado por la Argentina mediante la ley 14392 (Boletín Oficial 29/12/1959 - ADLA 1959 - A, 141) prevé “Art. 9° -1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio; 2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del art. 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación de este Convenio por un miembro no deberá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía garantías prescritas por el presente Convenio.”, ninguna norma dictada por el Congreso de la Nación ha limitado o restringido el derecho constitucional relacionado, estableciendo hasta qué punto el derecho reconocido por el artículo 14 bis a todo trabajador se aplicará a las fuerzas armadas y de la policía o fuerzas de seguridad en general “Debe reconocerse a las FFAA y a las Fuerzas de Seguridad la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, pues cuando Argentina ratificó el convenio 87 y el 98 de la OIT, ninguna ley fue sancionada excluyendo de la libertad sindical a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales y las de seguridad, y en la ley 23551 tampoco hubo disposición alguna que impida a los trabajadores sindicalizarse” (Del voto en disidencia del Dr. Capón Filas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, en Ministerio de Trabajo c/ Sindicado Único del Personal de Seguridad, de fecha 15/02/06, LL 2006-B, 591-DT 2006 (abril) 579).

Al respecto, ha sostenido el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT “223. Los miembros de las fuerzas armadas que podrían ser excluidos de la aplicación del Convenio núm. 87 deberían ser definidos de manera restrictiva” (Recopilación de 1996, párrafo 219:330; informe  caso número 2229, párrafo 941 y 335; informe caso número 2257, párrafo 459, conforme cita en La Libertad Sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, quinta edición revisada 2006, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, pág. 50) y específicamente en relación al caso bajo examen “232. El personal de establecimientos penitenciarios deberá gozar del derecho de sindicación” (véase casos números 2177 y 2183 párrafo 633 conforme la publicación oficial de la OIT citada precedentemente, pág. 52).

En este punto, cabe precisar que todo lo referido a derecho del trabajo y de la seguridad social es materia de fondo de competencia del Congreso de la Nación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, habiendo dictado el Congreso de la Nación la ley 23551 que conforma el régimen legal de las Asociaciones Sindicales, siendo su autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuerpo normativo en ningún momento excluye de su ámbito de aplicación a las fuerzas armadas y de seguridad, resultando carente de virtualidad y significación lo manifestado respecto de su inaplicabilidad al personal de tales áreas, toda vez que toda estructura laboral es jerárquica, piramidal y verticalista, reconociendo una cadena de mandos, maguer en estos casos se evidencie con mayor fuerza. Por otra parte, en modo alguno el hecho de que se trate de una fuerza de seguridad local y que el Gobernador de la Provincia ejerza el poder de policía en el territorio provincial, habilita a la Legislatura provincial a dictar normas que avanzan en materia que no le es propia (artículos 5 y 75 inciso 12 de la C.N.).

Respecto de la cita que efectúa el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la señora Fiscal en lo civil interviniente para sostener la constitucionalidad de las normas materia de reproche en autos, de la ley nacional 20416 (Boletín Oficial 14/06/1973 - ADLA 1973 - B, 1606), que establece el régimen del Servicio Penitenciario Federal, prevé en su artículo 36 que “Queda prohibido a los agentes penitenciarios, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes y los reglamentos del Servicio Penitenciario Federal: ... inciso l) Formular peticiones, quejas, o reclamos en forma colectiva, apartarse de la vía jerárquica, o no guardar el respeto debido al superior.” -, a mi manera de ver, en modo alguno dicho texto legal permite derivar la prohibición de sindicalización del servicio penitenciario, ni de las fuerzas armadas o de seguridad en general, desde que la prohibición de formular peticiones quejas o reclamos en forma colectiva no controvierte el derecho a una “organización sindical libre y democrática” debidamente registrada, que defienda los intereses de sus afiliados, constituyendo una persona jurídica distinta de ellos de conformidad al art. 23 ley 23551 “La constitución de una asociación gremial sólo requiere de la decisión fundacional de los trabajadores cuyas voluntades concurren a formarla, sin otras limitaciones que las establecidas legalmente ni condicionamiento de autorización previa, por lo que aquéllas existen aún antes de su inscripción. Lo expuesto se fundamenta en los principios de libertad y autonomía  sindicales, expresamente garantizados por los artículos 14 bis de la Constitución Nacional, 1° y 4° de la ley 23.551 (Adla, XLVIII-B, 1408)” (ST Entre Ríos, sala I penal 1997/04/18, Véliz Darío M. F. c/ Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y otro, LLLitoral 1997-928, citado por Strega, Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, Editorial La Ley, 2004, p. 9/10).

Igual ocurre con la ley 23328 (Boletín Oficial 08/09/1986 - ADLA 1986 - C, 2608), que aprueba el Convenio número 151 de la OIT sobre la protección de derechos de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración pública adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el día 7 de junio de 1978, el que en su artículo 1 punto 3 tiene establecido idéntico postulado y si bien la ley 23544 (Boletín Oficial 15/01/1988 - ADLA 1988 - A, 47), que aprueba el Convenio número 154 de la OIT, sobre el fomento de la negociación colectiva adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 19/6/81, sí establece expresamente su no aplicación a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de ello tampoco cabe derivar que existe una prohibición a la sindicalización del personal perteneciente a dichas fuerzas.-

Debe tenerse en cuenta que los derechos sociales incorporados a la Constitución Nacional en sus distintas reformas, entre los que se encuentran el derecho de todo trabajador a la sindicalización, son considerados derechos humanos básicos, tal como lo destacan, entre otros, Ackerman y Tosca “La inescindible relación entre los derechos humanos fundamentales y la libertad sindical, explicitada en buena medida en la Resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 1970, y que diera lugar, además, a reiterados pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, había sido anticipada ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General  de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 23, en el párrafo 4º, afirmó que: Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, texto éste que, a diferencia del artículo 2º del Convenio Nº 87, no contempla el derecho de sindicación de los empleadores, aun cuando no puede dejar de observarse que la amplitud de la referencia a toda persona no parece admitir exclusiones” (vid Ackerman – Tosca, Relaciones Colectivas de Trabajo, Rubinzal Culzoni Editores, 2007, t. 1, p.81). Estos autores también citan las previsiones del artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevé “Art. 8º. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a). El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; … 2) El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado. 3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías …”; en similares términos, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a su vez, citan la afirmación de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones que expresó “La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, y  el Pacto y Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, han consagrados derechos y libertades que son indispensables para el libre ejercicio de los derechos sindicales” (vid Ackerman – Tosca, obra citada p. 82vta./83). Asimismo, de los varios instrumentos internacionales del ámbito regional americano que citan, con postulados en igual sentido, caben destacar el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificado por ley 23054 y el artículo 8 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, ratificado por ley 24658, siendo que todos estos instrumentos tienen jerarquía constitucional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22 C.N.), pero nunca pueden ser interpretados en desmedro de los derechos y garantías que ella prevé.

Desde otra perspectiva, debe tenerse en cuenta que el Personal del Servicio Penitenciario no sólo cumple una función de seguridad, sino que también participa necesariamente en la tarea de resocialización de los internos a quienes custodian (vid Asociación sindical de los empleados penitenciarios, nota de opinión de Natalia Arreguine y Marisa Fassi en la sección tribuna del diario Comercio y Justicia del 08/11/07), habiéndose hecho pública la situación de extrema crisis que atraviesa el sector penitenciario en general, con motivo del grave motín que se produjera en esta ciudad y que en estos momentos es materia de juzgamiento en el fuero penal de esta capital. Asimismo, en cuanto a la preocupación que genera la posibilidad de conflicto colectivo y las medidas de acción directa que puedan declarar los gremios, en especial el derecho de huelga, es un tema distinto del aquí planteado, que necesariamente debe ser diferenciado en su tratamiento, y como se advierte en los votos de los señores vocales, tanto de la mayoría como de la minoría, del Tribunal Superior de Río Negro del fallo número seiscientos veinticinco, de fecha trece de octubre de dos mil cinco en autos “Personal Policial de Río Negro s/ Amparo s/ competencia”, publicado en Foro de Córdoba, Año XVI – N° 104 – 2005, con nota de Luis R. Carranza Torres (pag. 89/112), cabe precisar que conforme la expresa facultad del Gobierno nacional para establecer hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el Convenio 87 de la OIT, reglamentando el ejercicio del derecho previsto por el artículo 14 bis de la C.N., podría establecerse la prohibición de la huelga, tal como lo establece el régimen español, tanto para el cuerpo nacional de policía como para los miembros de los cuerpos de policía de las Comunidades autónomas (vid Palomeque López, Derecho Sindical Español, cuarta edición, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1991, p. 104 y 109 y en igual sentido Sala Franco – Albiol Montesinos, Derecho Sindical, 3° edición, Editorial Triant Lo Blanc, Valencia, 1994, p. 581/582 y 607). Es claro, que la sindicalización del personal de las fuerzas de seguridad, no debería poner en riesgo la normal prestación del servicio, no correspondiendo que en ese marco se cuestione ni se controvierta en modo alguno las ordenes operativas, ni la estructura jerárquica, ni la cadena de mandos.

En el contexto expuesto, no puede soslayarse que a partir del diez de diciembre del año mil novecientos ochenta y tres, se ha avanzado en la consolidación de la democracia y específicamente, en la democratización de las fuerzas armadas y de seguridad, no pudiendo admitirse situaciones de arbitrariedad y abuso de autoridad como las que se desprenden de la declaración testimonial de Mirta Edith Castro (fs. 90/94vta.) y es así como, desde una postura que no admite la sindicalización de las fuerzas de seguridad se sostiene que “... las limitaciones a la posibilidad de organizarse en defensa de sus intereses o la prohibición de interrumpir, vía huelga o similar, la prestación del servicio público de seguridad, no puede ser aprovechado desde los órganos del Estado para dejar de lado en la esfera policial, de beneficios (salariales, condiciones de trabajo, etc.) generales a la administración pública. Demandándole la situación, una actividad constante en aras a jerarquizar las condiciones de labor de tal categoría de servidores públicos” (Carranza Torres, nota a fallo citada). Por su parte, desde una posición favorable a la sindicalización del personal penitenciario, se sostiene “Se trata de una aparente tensión en el binomio Derechos Sindicales y Seguridad Pública, ... Pero tal tensión desaparece si se advierte que el servicio penitenciario implica funciones que trascienden la seguridad (resocialización de los internos, por ejemplo) y en particular si se analiza detenidamente el concepto jurídico de seguridad dado por las leyes tanto provincial como nacional” (Natalia Arreguine y Marisa Fassi, nota citada).

En definitiva, careciendo la Provincia de Córdoba de competencia legislativa para prohibir el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución Nacional; que las limitaciones y exclusiones en materia de sindicalización del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, deben ser de orden legal, dictadas por el Congreso de la Nación  y de interpretación restrictiva, no cabe sino concluir en que corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 19 inc. 10 de la ley 8231 y de las normas del régimen disciplinario que se reprochan, esto es, art. 9 incisos 10 y 13, y art. 10 inc. 34 del decreto 25/76 y sus modificatorias (B.O. 28/01/76), aplicable al Personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba conforme decreto 199/06, en cuanto sean interpretadas para sancionar conductas tendientes al ejercicio del derecho constitucional conculcado. Cabe precisar que resulta manifiesto lo arbitrario e irrazonable –propio de cruentas épocas pasadas- el considerar subversivo un impreso, maguer sea convocando a luchar por reivindicaciones pretendidas.

Ahora bien, distinguiendo entre el derecho de asociación con fines útiles que prevé el artículo 14 de la C.N., que a mi modo de ver no se encuentra comprometido en modo alguno por las normas constitucionalmente reprochadas en autos, desde que, por lo pronto, el artículo 19 de la ley 8231 establece prohibiciones al personal en actividad e incluso, el inciso 10 de dicho dispositivo, prohíbe el proselitismo sindical o político, en el ámbito de la institución, cabe precisar que el alcance de este pronunciamiento no puede ser otro que sólo despejar la posibilidad de que el personal penitenciario despliegue actos y conductas tendientes a su sindicalización, no pudiendo por ello ser pasible de sanciones disciplinarias y a su vez, sin que tales actos o conductas alteren o puedan alterar el normal funcionamiento del servicio de seguridad que le es propio, no pudiendo el personal penitenciario apartarse del orden jerárquico y la cadena de mandos  vigente, ni realizar medidas de fuerza, las que sólo podría llevar adelante un gremio ya constituido (art. 14 bis segundo párrafo de la C.N.). Vale decir, que sin que puedan ser sancionados por ello y en el contexto expuesto precedentemente, el personal penitenciario que lo decida, podrá realizar los actos y conductas tendientes a gestionar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, la formación de un sindicato, en las condiciones emergentes de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales aplicables; las leyes del Congreso de la Nación y las disposiciones de la propia autoridad de la aplicación de la ley 23551, no siendo de competencia de este Tribunal, ordenar medidas tendientes a tal fin, como se peticiona.

V) Que conforme todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta declarando en el caso de autos la inconstitucionalidad del artículo 19 inc. 10 de la ley 8231 y de las normas del régimen disciplinario que se reprochan, esto es, art. 9 incisos 10 y 13, y art. 10 inc. 34 del decreto 25/76 y sus modificatorias (B.O. 28/01/76), aplicable al Personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba conforme decreto 199/06, sólo en cuanto sean interpretadas para sancionar conductas tendientes al ejercicio del derecho constitucional conculcado, siendo el alcance de este pronunciamiento sólo despejar la posibilidad de que el personal penitenciario despliegue actos y conductas tendientes a su sindicalización, sin que por ello sea pasible de sanciones disciplinarias y a su vez, sin que tales actos o conductas alteren o puedan alterar el normal funcionamiento del servicio de seguridad que le es propio, no pudiendo el personal penitenciario apartarse del orden jerárquico y la cadena de mandos  vigente, ni realizar medidas de fuerza, las que sólo podría llevar adelante un gremio ya constituido (art. 14 bis segundo párrafo de la C.N.), en función de lo cual, en el contexto expuesto precedentemente, el personal penitenciario que lo decida, podrá, sin ser pasible de sanciones, realizar los actos y conductas tendientes a gestionar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la formación de un sindicato, en las condiciones emergentes de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales aplicables; las leyes del Congreso de la Nación y las disposiciones de la propia autoridad de la aplicación de la ley 23551, no siendo de competencia de este Tribunal, ordenar medidas tendientes a tal fin, como se peticiona.

VI) Que en cuanto a las costas, atento la naturaleza de la cuestión, la forma en que es resuelta, la existencia de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales divididas, corresponde imponerlas por el orden causado, con base en los artículos 14 de la ley 4915 y 130 del C. de P. C., no regulando el honorario de los Letrados intervinientes, en función de lo dispuesto por el artículo 25 de la ley 8226.

Por todo ello, normas legales citadas y lo dispuesto por los artículos 43 de la Constitución Nacional y 11 y concordantes de la ley 4915 y artículos 25 y concordantes de la ley 8226 y 125 de la ley 9459.

RESUELVO: I- Hacer lugar parcialmente a la acción de amparo colectivo interpuesta en autos por Adriana Sandra Rearte en calidad de afectada y Mariela Puga por la “Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba” en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, declarando en el caso de autos la inconstitucionalidad del artículo 19 inc. 10 de la ley 8231; como así también de las normas del régimen disciplinario que se reprochan, esto es, art. 9 incisos 10 y 13, y art. 10 inc. 34 del decreto 25/76 y sus modificatorias (B.O. 28/01/76), aplicable al Personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba conforme decreto 199/06, sólo en cuanto sean interpretadas para sancionar conductas tendientes al ejercicio del derecho constitucional conculcado; siendo el alcance de este pronunciamiento sólo despejar la posibilidad de que el personal penitenciario que así lo decida y sin que por ello sea pasible de sanciones por parte de las Autoridades pertinentes de la parte demandada, despliegue actos y conductas tendientes a su sindicalización ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, en las condiciones emergentes de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales aplicables; las leyes del Congreso de la Nación y las disposiciones de la propia autoridad de la aplicación de la ley 23551; sin que tales actos o conductas alteren o puedan alterar el normal funcionamiento del servicio de seguridad que le es propio, no pudiendo el personal penitenciario apartarse del orden jerárquico y la cadena de mandos  vigente, ni realizar medidas de fuerza en función de este decisorio.

II- Imponer las costas por el orden causado, no regulando el honorario de los Letrados intervinientes, en función de lo dispuesto por los artículos 25 de la ley 8226 y 125 de la ley 9459.

Protocolícese, hágase saber y agréguese en autos la copia que expido.

 

Circular de la Dirección de Servicios Sociales – Fonoaudiología: ampliación de atenciones

 

CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES N° 2.

 

La Plata, 25 de jul/08.- (Boletín Informativo Nº 48 del Ministerio de Seguridad)

 

La Plata, 24 de julio de 2008. Por la presente se pone en conocimiento de la totalidad de los afiliados a la Dirección de Servicios Sociales que el gabinete de Fonoaudiología del Departamento de Odontología, ha ampliado las atenciones que se realizan en la actualidad.

En lo que refiere a la atención pediátrica se realizan tratamientos de dislalias, deglución atípica, respiración bucal, trastornos en el aprendizaje, estimulación en el desarrollo del lenguaje, disfonías, audiometrías, pruebas supraliminares y logoaudiometrías.

En adultos se realizan estudios audiológicos, selección de audífonos, tratamientos de deglución atípica, dislalias y fonastenias.

 

NORA ROXANA FERNANDEZ - Comisionado - Subdirectora A/C

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Circular de la Dirección de Servicios Sociales – Incremento de prestaciones

 

CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES N° 1.  

 

La Plata, 22 de jul/08.- (B.I. Nº 47) –

LA PLATA, 18 de julio de 2008. Se hace saber a la totalidad del personal que el Consejo Ejecutivo de la Dirección de Servicios Sociales, mediante Resolución Nro. 11.226, asentada en el Acta N° 2071, del día 17 de julio de 2008, ha dispuesto el incremento de las prestaciones en los montos que a continuación se describen: 

A) Ayuda económica excepcional para el personal policial herido en acto de servicio y para los familiares de los fallecidos por acto de servicio, se eleva en el primer caso de pesos quinientos ($500,00) a pesos un mil ($1.000,00) y en el segundo caso de pesos un mil ($1.000,00) a pesos dos mil ($2.000,00).

B) Pañales descartables para personas con discapacidad o internados en establecimientos geriátricos, se aumenta de pesos uno con diez centavos ($1,10) por unidad a pesos uno con noventa centavos ($1,90) por unidad.

C) Lentes aéreos no cubiertos por el IOMA: uno de visión lejana y otro de visión de cerca por año que se aumenta de pesos cien ($100,00) a pesos ciento cincuenta ($150,00) para cada uno; para los menores de doce (12) años se reconocen uno o dos pares por año aumentando de pesos doscientos ($200,00) a pesos trescientos ($300,00); y se reconocen lentes bifocales un par por año que aumenta de pesos doscientos ($200,00) a pesos trescientos ($300,00).

D) Lentes de contacto no cubiertos por IOMA se reconoce un par cada dos años, elevando la cobertura de pesos ciento cincuenta ($150,00) a pesos doscientos ($200,00).

E) Traslado a discapacitados a centros especializados y transporte escolar para discapacitados, se asciende de pesos trescientos ($300,00) por mes a pesos cuatrocientos cincuenta ($450,00) por mes y por todo concepto.

F) Tratamiento de ortodoncia se aumenta de pesos trescientos cincuenta ($ 350,00) a pesos quinientos ($ 500,00) por única vez.

G)  Estudios cefalométricos, teleradiografía panorámica de diagnóstico, se eleva de pesos treinta y cinco ($ 35,00) a pesos cincuenta. ($ 50,00).

H) Tratamiento psicológico sin cobertura de IOMA se reconocen las sesiones a un valor de pesos quince ($ 15,00) durante el primer año, que por la presente se aumentan a pesos veinte ($20,00), y durante los seis meses subsiguientes se aumenta el valor de la sesión de pesos diez ($ 10,00) a pesos quince ($ 15,00). Los tratamientos psicológicos que cuentan con cobertura del IOMA se reconocen las primeras cuatro sesiones que no tienen cobertura de dicho instituto aumentando la cobertura de pesos quince ($ 15,00) cada sesión a pesos veinte ($ 20,00) cada una; y para la continuación del tratamiento en las cuarenta sesiones que se reconocen a pesos diez, y para las veinte sesiones siguientes se reconocen sólo hasta cinco sesiones por mes a los mismos valores.

I) Tratamiento láser y magnetoterapia se aumenta la sesión de pesos cinco ($ 5,00) a  pesos   diez.($ 10,00).

J) Plantillas ortopédicas se autorizan dos pares por año, elevando el reconocimiento de pesos cuarenta ($ 40,00) a pesos cincuenta ($ 50,00) cada par.

K) Alquiler de cama ortopédica se aumenta de pesos cuarenta y cinco ($ 45,00) a pesos cincuenta y cinco ($ 55,00) por mes; alquiler de muletas, trípodes, y bastones canadienses se aumenta de pesos quince ($ 15,00) a pesos veinticinco ($ 25,00) por mes.

L) Reintegro de sustancia de contraste utilizadas en estudios específicos (tomografía, resonancia magnética, etc.) se aumenta de pesos treinta ($ 30,00) a pesos cincuenta ($ 50,00), por vía ordinaria.

M) Alquiler de silla de ruedas se aumenta de pesos treinta y cinco ($ 35,00) a pesos cuarenta y cinco ($ 45,00) por mes.

N) Elementos ortopédicos se aumenta de pesos treinta ($ 30,00) a pesos cincuenta ($50,00).

O) Medidor de glucemia y aerocámara se reconocen por única vez aumentando el reconocimiento de pesos veinticinco ($25,00) a pesos cincuenta ($50,00).

P) Corset ballenado se aumenta la cobertura de pesos ciento cincuenta ($150,00) a pesos   doscientos ($200,00).

Q) Zapatos ortopédicos se reconocen dos pares por año, aumentando la cobertura de pesos cien ($100,00) a pesos ciento cincuenta ($150,00) por cada par.

R) Inyecciones y nebulizaciones, se aumenta cada prestación de pesos tres ($3,00) a pesos ($5,00).

 

Nora Roxana Fernández

Comisionado

Subdirectora A/C

 

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